La invasión y el subarriendo ilegal de viviendas del Infonavit se han convertido en un grave problema en Altamira, donde cientos de familias enfrentan un clima de inseguridad y deterioro urbano.
En el Fraccionamiento Santa Anita, al menos 200 casas de un total de 475 están ocupadas de manera irregular, lo que representa un 42 por ciento del conjunto habitacional invadido, denunció Ricarda Hilario San Juan, líder del sector.
La dirigente explicó que grupos provenientes de otros municipios se han adueñado de las viviendas abandonadas, llegando incluso a cobrar cuotas de hasta 200 pesos por “asignar” casas vacías, para luego subarrendarlas en 800 pesos mensuales.
“Una persona está metiendo a familias de otros municipios, se meten a las casas vacías, hacen boquetes para unir dos viviendas, se roban la luz y el agua. Ya tienen más de cinco años con estas prácticas y nadie les pone un alto”, denunció.
Además de la inseguridad y los conflictos de convivencia, esta situación genera afectaciones a los servicios básicos, pues los invasores se conectan de manera ilegal a la energía eléctrica y al agua potable, incrementando las fallas en el fraccionamiento.
Vecinos también relataron que muchos invasores son conflictivos, intimidan a los propietarios y crean un ambiente de hostilidad. “Ya no les queremos decir nada porque buscan pleito. Mientras tanto, el Infonavit sigue descontando a los legítimos dueños que abandonaron sus casas por motivos de trabajo”, señalaron.
La problemática, que no es exclusiva de Santa Anita sino que se replica en otras colonias de Altamira, ha convertido a los fraccionamientos del Infonavit en focos de tensión social, además de propiciar actividades ilícitas.
Ricarda Hilario hizo un llamado urgente a las autoridades municipales, estatales y federales para que intervengan de inmediato y frenen estas prácticas que vulneran los derechos de los legítimos propietarios, al tiempo que deterioran la calidad de vida en la zona.