Ciudad Victoria, Tamaulipas. — Más de 30 operadores del transporte público han sido rechazados este año en el trámite de expedición o renovación de su tarjeta de identificación, luego de dar positivo en las pruebas antidoping, informó el subsecretario de Transporte, Armando Núñez Montelongo.
El funcionario explicó que la prueba toxicológica es un requisito obligatorio para obtener o renovar el documento que autoriza a los operadores a prestar el servicio de transporte público, por lo que quienes no acrediten la evaluación son retirados del proceso para proteger la seguridad de los usuarios.
Además de los exámenes aplicados durante los trámites administrativos, la dependencia ha detectado conductores con consumo de alcohol y marihuana mediante operativos de alcoholimetría y pruebas toxicológicas realizadas de manera aleatoria por inspectores.
«Estas detecciones no son casualidad, sino resultado de los filtros permanentes y estrictos que se aplican a todos los operadores del transporte público», señaló.
Núñez Montelongo precisó que, una vez confirmados los resultados positivos, los conductores son suspendidos de manera inmediata. Los casos detectados corresponden principalmente a los municipios de Tampico y Ciudad Victoria, aunque la información también se comparte con otras delegaciones para evitar que los operadores sean contratados por concesionarios en distintos municipios.
El subsecretario explicó que las sanciones varían de acuerdo con la falta detectada. En el caso de los operadores que son sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol, la suspensión es de tres meses; sin embargo, cuando se acredita el consumo de sustancias ilícitas, la inhabilitación para prestar el servicio es definitiva, al representar un riesgo para los pasajeros y para la población en general.
«Se notifica oficialmente a las rutas y concesionarios que esa persona no puede desempeñarse como operador del transporte público», puntualizó.
Finalmente, el funcionario reiteró que la Subsecretaría de Transporte mantendrá los operativos de vigilancia y las evaluaciones toxicológicas como parte de la estrategia para garantizar que el servicio sea prestado por conductores que cumplan con los requisitos físicos, médicos y de seguridad establecidos por la ley.