Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Al concluir el plazo legal para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, Tamaulipas alcanzó un nivel de cumplimiento del 91.45 por ciento, informó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.
La funcionaria destacó que de un total de 83 mil 983 servidores públicos obligados a cumplir con este requisito, 76 mil 802 presentaron su declaración dentro del periodo establecido por la ley.
Precisó que este resultado representa un incremento de más de nueve puntos porcentuales respecto al año anterior, cuando la tasa de cumplimiento cerró en 82 por ciento al finalizar el mes de mayo.
“Diversas dependencias y entidades lograron alcanzar el cien por ciento de cumplimiento, reflejando un mayor compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas”, señaló.
Pedraza Melo recordó que el plazo legal venció a las 23:59 horas del pasado 31 de mayo, por lo que no habrá prórroga para quienes incumplieron con esta obligación establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Explicó que los servidores públicos que no presentaron su declaración en tiempo y forma deberán justificar ante la autoridad competente las causas extraordinarias que les impidieron cumplir con el trámite, a fin de regularizar su situación administrativa.
En otro tema, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que continúan en curso diversas investigaciones relacionadas con la evolución patrimonial de exservidores públicos, tanto de la administración pasada como de la actual.
Sin proporcionar nombres ni mayores detalles por tratarse de procedimientos en desarrollo, indicó que actualmente existen alrededor de 24 verificaciones patrimoniales en proceso de análisis.
“Estamos obligados a respetar el debido proceso y la secrecía de las investigaciones; sin embargo, puedo señalar que existen aproximadamente 24 verificaciones relacionadas con análisis de evolución patrimonial”, expresó.
La funcionaria puntualizó que estas revisiones forman parte de los mecanismos de fiscalización y control que buscan garantizar que el patrimonio de los servidores públicos sea congruente con sus ingresos y responsabilidades desempeñadas durante el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, reiteró que la política anticorrupción del Gobierno de Tamaulipas mantiene como prioridad el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a posibles irregularidades en el servicio público.