El asalto a la avanzada y equipo de protocolo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Carretera 57 Norte, en San Luis Potosí, exhibe con crudeza la fragilidad de la seguridad en uno de los corredores federales más importantes del país y abre una pregunta incómoda: ¿qué tan protegidos están los ciudadanos cuando ni siquiera la comitiva presidencial escapa de la violencia?
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, en el tramo hacia Matehuala, una zona que desde hace años arrastra señalamientos por asaltos, robo con violencia y presencia del crimen organizado. El equipo de avanzada fue obligado a detenerse tras la colocación de “ponchallantas”, una práctica criminal ya normalizada en varias carreteras del país. Una vez vulnerados, los agresores despojaron al personal de teléfonos móviles, equipo de comunicación, cámaras y pertenencias personales.
Más allá del botín, el episodio tiene un peso político mayor: la delincuencia actuó con conocimiento del terreno, impunidad y sin que hubiera reacción inmediata de fuerzas federales, pese a tratarse de personal vinculado directamente a la Presidencia de la República.
De acuerdo con versiones internas, el hecho provocó una fuerte llamada de atención desde el gabinete de seguridad federal. El secretario Omar García Harfuch habría reclamado directamente la ausencia operativa de la Guardia Nacional en una vía que, oficialmente, es considerada prioritaria y vigilada. El reclamo revela una falla estructural: los dispositivos de seguridad existen en el discurso, pero no necesariamente en el territorio.
Horas después, y ya con el daño consumado, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo en la comunidad de Charco Cercado, municipio de Guadalcázar, presuntamente tras el rastreo de los equipos robados. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado con claridad sobre resultados, detenciones o recuperación de objetos, alimentando la percepción de una reacción tardía y más orientada al control del daño político que a la rendición de cuentas.
El episodio también ha impactado en la agenda presidencial. Versiones no oficiales señalan que el equipo realizaba trabajos de inspección para una eventual visita de la mandataria a San Luis Potosí, misma que ahora estaría en duda. El mensaje es contundente: si la avanzada no puede transitar con seguridad, el riesgo institucional se multiplica.
Aunque ya existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, el asalto deja al descubierto una contradicción central en la narrativa oficial de seguridad. Las carreteras federales siguen siendo espacios de vulnerabilidad, incluso para el propio Estado.
Este no es solo un incidente delictivo; es una señal de alarma política. La seguridad no puede medirse en comunicados ni en despliegues posteriores. Cuando el crimen se atreve a tocar la antesala del poder, lo que está en juego no es solo un evento cancelado, sino la credibilidad del Estado mexicano en el control de su territorio.