Tampico, Tamaulipas.- A principios de 1999, cuando el exalcalde de ese trienio asumió la presidencia municipal de Tampico bajo el gobierno priista de Tomás Yarrington Ruvalcaba, circulaba una recomendación que tendría implicaciones históricas para la seguridad del puerto.
El entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, habría sugerido a Hernán Bermúdez Requena —futuro líder de la organización criminal La Barredora— para ocupar la Delegación de Seguridad Pública de Tampico. La propuesta, de haberse concretado, significaba abrir la puerta a la infiltración directa de un operador del crimen organizado en el corazón de la seguridad municipal.
Sin embargo, la llegada de Bermúdez Requena fue frenada gracias a la intervención de la Secretaría General de Gobierno, Laura Alicia Garza Galindo, reconocida figura política en Tamaulipas. Su decisión de bloquear la incorporación del futuro delincuente al aparato de seguridad pública se convirtió en un momento crítico de prevención institucional, que evitó la infiltración temprana de estructuras criminales en la administración local.
Desde una mirada analítica, este episodio ilustra cómo las decisiones individuales de actores políticos clave pueden modificar el rumbo de la seguridad pública, incluso frente a presiones políticas externas.
La combinación entre las redes de recomendación inter-estatal y la acción preventiva de la Secretaría General de Gobierno revela la tensión histórica entre intereses políticos y el control de las corporaciones de seguridad en Tamaulipas.
Este antecedente cobra vigencia hoy, al observar la trayectoria de La Barredora y su consolidación en el sur del estado, recordando que la historia de la criminalidad en Tamaulipas no solo se escribe en las calles, sino también en los despachos oficiales.