Bajo el lema “No a la Ley Maduro”, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas se pronunció a favor de revisar el método de conformación de las listas de candidaturas plurinominales, pero rechazó de manera tajante cualquier intento de reducir las prerrogativas a los partidos políticos o de limitar la autonomía de los organismos electorales.
En rueda de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, advirtió que la reforma político-electoral que impulsa Morena a nivel nacional responde a una lógica de concentración de poder y no a un verdadero fortalecimiento democrático, por lo que llamó a que cualquier iniciativa sea construida con la participación de los partidos y de la ciudadanía.
“Lo que exigimos es que se respeten los equilibrios democráticos y la autonomía de las instituciones, tanto del Instituto Nacional Electoral como de los organismos públicos locales electorales”, subrayó.
Díaz Lara cuestionó la narrativa oficial que justifica la reforma bajo el argumento de reducir el gasto electoral, al señalar que, en los hechos, no se han eliminado los excesos. Como ejemplo, comparó esta propuesta con la reciente reforma judicial, que prometía austeridad, pero derivó —dijo— en prácticas contradictorias, como la adquisición de vehículos de lujo por parte de la Suprema Corte.
En ese contexto, sostuvo que no es válido que el partido en el poder pretenda imponer una “voz única” sin considerar a las demás fuerzas políticas ni al pluralismo que sostiene al sistema democrático.
El dirigente estatal aclaró que el PRI está dispuesto a discutir cambios en el mecanismo de designación de diputaciones plurinominales, siempre y cuando no se vulnere el financiamiento público de los partidos ni se debilite la independencia de las autoridades electorales.
“En Venezuela también había democracia, y está documentado que un partido opositor ganó una elección que no le fue reconocida porque el gobierno controla los institutos electorales”, expresó, al explicar el origen del término “Ley Maduro”, con el que la oposición ha bautizado la reforma promovida desde el Ejecutivo federal.