Tamaulipas será uno de los escenarios de los llamados “Diálogos de Consulta para la Reforma Electoral 2025”, una serie de foros impulsados por el Gobierno de México para recoger propuestas ciudadanas en torno a los cambios que el nuevo régimen pretende introducir al sistema electoral. Detrás del lema optimista —“Infórmate. Participa. Dialoga. Transforma”— se juega, en realidad, una de las reformas más trascendentales y también más sensibles de la vida democrática nacional.
La agenda de temas es amplia: desde la libertad política y el sistema de partidos, hasta la fiscalización del gasto electoral y las condiciones de competencia. Pero la profundidad de la discusión dependerá menos del temario que de la apertura real con que se conduzcan estos ejercicios. Si los foros se convierten en una pasarela de posicionamientos institucionales o en un espacio para justificar decisiones previamente tomadas, estaremos frente a una simulación más de participación ciudadana.
El hecho de que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral —presidida por Pablo Gómez Álvarez— encabece el proceso, junto con gobiernos estatales afines, despierta dudas legítimas sobre la imparcialidad del debate. La participación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como sede aporta legitimidad académica, pero no necesariamente independencia política. En un contexto donde las instituciones electorales han sido objeto de constantes descalificaciones desde el poder, el riesgo es claro: que la reforma se use como instrumento de control político y no como una oportunidad de fortalecimiento democrático.
A lo largo de los años, México ha transitado por un costoso proceso de construcción institucional que permitió que los votos se contaran y se respetaran. Hoy, las voces que proponen “simplificar” el sistema o “abaratar” la democracia suelen omitir que los equilibrios y contrapesos son precisamente los que evitan el regreso al autoritarismo electoral.
Tamaulipas, con su historia de alternancias recientes y de elecciones reñidas, es un laboratorio donde se pueden medir las consecuencias de cualquier reforma que altere la estructura del árbitro electoral. De ahí la relevancia de que estos diálogos no se limiten a cumplir una agenda política, sino que verdaderamente escuchen a la ciudadanía, a los académicos y a los actores sociales que defienden la pluralidad.
Porque la pregunta de fondo no es cómo abaratar la democracia, sino cómo evitar que vuelva a ser un instrumento del poder.