En medio de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) optó por un posicionamiento calculado: deslinde político, llamado a la legalidad y advertencia tácita a los actores en el poder.
El dirigente estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, fue tajante al señalar que la alianza con el PAN fue exclusivamente electoral en 2024 y que su partido no “mete las manos al fuego” por el exmandatario panista ni por ningún otro actor político. Con ello, el tricolor busca evitar cualquier costo por una relación que hoy resulta incómoda ante la gravedad de las acusaciones.
Desde una narrativa institucional, Díaz Lara insistió en el respeto a la presunción de inocencia y a los principios del Estado de derecho, pero dejó claro que, de comprobarse responsabilidades, el exgobernador deberá responder ante la justicia. Incluso subrayó que el PRI —aunque se trate de exmilitantes— respaldaría cualquier denuncia fundada, marcando una línea discursiva de “no impunidad”, al menos en el plano declarativo.
No obstante, el mensaje del dirigente priista no estuvo exento de un señalamiento político. Al recordar que Morena cuenta con mayoría calificada en el Congreso local y que el fiscal estatal fue designado por esa misma mayoría, Díaz Lara colocó el foco en la corresponsabilidad institucional de quienes hoy detentan el poder. En otras palabras, si hay voluntad real de investigar, existen las condiciones políticas para hacerlo; si no ocurre, la omisión también será atribuible al nuevo régimen.
El PRI, así, intenta colocarse en una posición de observador crítico: se mantiene al margen del proceso judicial, pero advierte que no tolerará actos de impunidad provenientes de ningún gobierno ni partido. Una postura que busca preservar al tricolor de un desgaste mayor, en un escenario donde viejas alianzas empiezan a convertirse en pasivos políticos.
Mientras tanto, la denuncia contra Cabeza de Vaca no solo pone a prueba a las instituciones de procuración de justicia, sino también a los partidos que, directa o indirectamente, compartieron poder y decisiones en el pasado reciente de Tamaulipas. El curso de la investigación marcará no solo responsabilidades penales, sino también costos políticos inevitables.