El pleno del Congreso de Tamaulipas abre una ventana de oportunidad para saldar una deuda histórica: la protección efectiva de la niñez y adolescencia frente al riesgo de los matrimonios infantiles.
La reciente iniciativa presentada por la diputada Francisca Castro Armenta de Morena, respaldada por la presidenta de la Comisión de Fomento al Comercio Exterior, Ana Laura Huerta Valdovinos— vuelve a colocar sobre la mesa un tema que, por años, ha sido soslayado en la entidad.
Aunque la legisladora Huerta admite que en Tamaulipas esta práctica no se ha arraigado como en otros estados del país, también deja en claro una advertencia crucial: no debemos esperar a que el problema escale para actuar. Y es que la experiencia nacional demuestra que cuando el matrimonio infantil se convierte en «uso y costumbre», revertir sus efectos sociales y económicos es una labor titánica.
📊 Cifras nacionales que alarman
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A nivel nacional, el 21 % de las mujeres se casó o se unió antes de los 18 años, y un 4 % lo hizo antes de los 15 años.
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Organismos como Girls Not Brides señalan que en 2024 la prevalencia de uniones tempranas en México es del 18 %.
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En zonas rurales, las cifras alcanzan hasta 29 %, en contraste con el 15 % en zonas urbanas .
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La Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) registró que en 2018 el 20.7 % de mujeres de 20‑24 años se habían unido antes de los 18, y 3.6 % antes de los 15.
Estas estadísticas revelan una dinámica persistente que no se restringe a comunidades indígenas o rurales: el matrimonio infantil es un fenómeno generalizado que afecta distintas clases sociales, aunque con mayor incidencia en contextos de pobreza y menor escolaridad.
💔 Implicaciones y relación con el divorcio
Las cifras de divorcio en Tamaulipas ofrecen una pista: la entidad ocupa el segundo lugar nacional en separaciones conyugales, y la diputada Huerta reconoció una correlación evidente. Cuando el matrimonio carece de madurez y fundamentos, su duración se ve severamente comprometida, produciendo impactos emocionales, patrimoniales y, en muchos casos, un retroceso en las oportunidades de vida de las mujeres.
🔍 Mirada crítica al rol legislativo
La propuesta presentada por la diputada Francisca Castro no debe ser vista como un mero trámite; es un mecanismo de blindaje legal preventivo, una barrera contra el avance de una práctica que afecta directamente derechos fundamentales. La sociedad tamaulipeca y sus representantes deben comprometerse ahora, antes de que las cifras se conviertan en titular de noticia.
En este sentido, la pregunta es si estamos dispuestos a actuar con convicción, sabiendo que el costo de la inacción es alto. Porque cuando se trata de infancia y adolescencia, cada decisión prematura puede cerrar puertas para siempre.