En México, hay dos indicadores que no necesitan explicación técnica para medir el ánimo social: el recibo de la luz y el precio de la gasolina. Cuando ambos suben, el malestar no tarda en aparecer. Y hoy, desde el sur de Tamaulipas, ese malestar ya tiene nombre, cifras y una narrativa política clara.
La propuesta del diputado Jesús Nader Nasrallah de ajustar las tarifas eléctricas y eliminar el IEPS en combustibles no surge en el vacío. Responde a una realidad concreta: hogares que enfrentan recibos de hasta 20 mil pesos bimestrales y un impuesto a la gasolina que sigue incrementándose, aunque el discurso oficial insista en estabilidad.
El punto de partida es evidente. En regiones como Tampico, el consumo eléctrico no es un lujo, es una necesidad condicionada por el clima. Aire acondicionado, refrigeración y ventilación no son opcionales; son indispensables. Sin embargo, el esquema tarifario sigue operando bajo una lógica estacional que, en los hechos, no corresponde a la realidad de estas zonas.
Aquí aparece el primer problema estructural: la desconexión entre política tarifaria y condiciones regionales. La Comisión Federal de Electricidad aplica criterios que no siempre reflejan el comportamiento real del consumo, trasladando el costo a los usuarios. El resultado: facturación elevada, inconformidad social y presión política creciente.
El segundo frente es el de los combustibles. El IEPS, lejos de ser un instrumento neutral, se ha convertido en una pieza clave de la recaudación. El problema es que cada incremento, por mínimo que parezca, se multiplica en la economía cotidiana: transporte, alimentos, servicios. Todo se encarece.
Eliminar este impuesto suena políticamente rentable, pero fiscalmente complejo. Representa una fuente importante de ingresos para el Estado, lo que abre una pregunta incómoda: si se elimina, ¿de dónde saldrá el dinero que hoy sostiene parte del gasto público?
Ahí es donde la propuesta transita de lo popular a lo viable. Porque mientras bajar tarifas y eliminar impuestos conecta de inmediato con el ciudadano, implementarlo implica decisiones de fondo que ningún gobierno toma sin medir costos políticos y financieros.
Sin embargo, el debate no debe centrarse únicamente en la viabilidad, sino en la necesidad. ¿Es sostenible mantener tarifas que castigan a regiones de alto consumo? ¿Es justificable un impuesto que impacta directamente en la inflación cotidiana? Son preguntas que, tarde o temprano, tendrán que responderse más allá del discurso.
El trasfondo es claro: la presión económica se está acumulando. Y cuando eso ocurre, el terreno político se vuelve más sensible. Las propuestas como la de Nader no solo buscan resolver un problema, también capitalizan un sentimiento social.
Al final, el costo de la luz y la gasolina no es solo un asunto económico. Es un tema político de alto voltaje.
Y en ese terreno, cada peso cuenta… y cada decisión también.