El Instituto Nacional Electoral (Instituto Nacional Electoral) realizará un análisis integral sobre los posibles efectos técnicos, operativos y financieros derivados del llamado “Plan B” de reforma electoral, una vez que este sea remitido a los estados, informó Sergio Bernal Rojas.
El presidente de la Junta Local del INE en Tamaulipas explicó que, tras su aprobación en lo particular en la Cámara de Diputados, la reforma —que contempla un ajuste presupuestal preliminar de hasta 4 mil millones de pesos— obligará al organismo a revisar sus capacidades internas de cara al próximo proceso electoral.
Detalló que, aunque aún no se cuenta con una estimación precisa del impacto, será necesario iniciar los trabajos de evaluación durante el último cuatrimestre del año, tomando en cuenta que el proceso electoral no arranca en enero, sino a finales del presente año.
“Se tendrán que analizar aspectos financieros, la disponibilidad de espacios físicos en juntas distritales y todo el proceso técnico que implica la organización electoral”, señaló.
Bernal Rojas subrayó que este análisis será encabezado por el Consejo General del INE, máximo órgano de dirección, el cual además se encuentra en proceso de integración ante la renovación de tres consejerías, cuya designación podría concretarse en las próximas semanas por parte de la Cámara de Diputados.
Posteriormente, agregó, la Junta General Ejecutiva definirá las estrategias operativas, mientras que los órganos delegacionales y subdelegacionales serán los encargados de implementar las disposiciones en territorio.
El funcionario enfatizó que el INE mantiene coordinación con oficinas centrales para garantizar que, pese a los ajustes derivados de la reforma, el proceso electoral se desarrolle conforme a los estándares técnicos y legales establecidos.