Con el envío del último camión de documentación electoral para su destrucción y reciclaje, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) dio por concluidas este martes las actividades operativas del proceso electoral judicial 2025, cuyo costo total ascendió a 220 millones de pesos.
El presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, informó que un total de 54 toneladas de documentación electoral, entre ellas boletas y materiales utilizados durante la jornada electoral, fueron trasladadas a una empresa especializada ubicada en León, Guanajuato, donde se llevará a cabo su destrucción conforme a los lineamientos legales, así como su reciclaje.
Precisó que los recursos destinados a la elección judicial fueron ministrados por la Secretaría de Finanzas del Estado, acumulando al mes de noviembre un total de 220 millones de pesos, monto que representa el costo final del proceso.
“Es más o menos el costo final de la elección judicial, justo hoy que estamos cerrando las actividades operativas del proceso electoral 2025”, señaló.
El llenado y envío del último camión se realizó en la Bodega Central del IETAM, ubicada sobre el Libramiento Naciones Unidas. Ramos Charre destacó que dicho espacio, que hasta hace algunos días permanecía completamente ocupado por los paquetes electorales, quedó totalmente despejado tras concluir el procedimiento.
Asimismo, el consejero presidente informó que el Instituto logró ahorros aproximados por 20 millones de pesos, como resultado de decisiones administrativas oportunas y de una estrategia de concentración operativa.
Entre estas medidas, recordó que durante la primera quincena de julio se determinó levantar anticipadamente los consejos municipales y distritales, aun cuando en algunos casos persistían medios de impugnación en el ámbito distrital. La decisión permitió concentrar el cien por ciento de los paquetes electorales en la bodega central del IETAM, lo que redujo costos operativos y generó economías relevantes para el organismo.
Con estas acciones, el IETAM dio cierre formal al proceso electoral judicial, garantizando la cadena de custodia, la destrucción segura del material electoral, la transparencia institucional y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.