El Congreso de Tamaulipas elevó el tono político y judicial contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al convocar públicamente a víctimas, testigos y ciudadanos a presentar denuncias, pruebas e información que permita llevarlo finalmente ante la justicia.
Desde la tribuna de la Mañanera Legislativa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Humberto Prieto Herrera, sostuvo que la revocación del amparo que por años mantuvo al exmandatario fuera del alcance de la ley marca un quiebre con el pasado de impunidad que indignó a la sociedad tamaulipeca.
“El blindaje se terminó. Se le acabó la protección. Hoy puede ser detenido y tendrá que enfrentar la justicia por los delitos que se le imputan”, advirtió, al subrayar que durante años Cabeza de Vaca se refugió en resoluciones judiciales que torcieron la ley y lastimaron la confianza ciudadana en las instituciones.
Prieto Herrera fue más allá al señalar que el exgobernador contó con jueces que “le regalaron amparos”, como parte de un sistema judicial corrompido que operó para proteger privilegios, encubrir abusos de poder y perpetuar la impunidad. “Eso fue parte de un sistema podrido”, sentenció.
El legislador afirmó que ese esquema de protección colapsó y que hoy existen condiciones jurídicas y políticas para que los expedientes avancen sin interferencias. “Ya no están quienes desde el aparato judicial protegían intereses personales. El poder dejó de ser un escudo para delinquir”, remarcó.
En un llamado inédito y directo, exhortó a quienes fueron víctimas, presionados o testigos de presuntos delitos a romper el silencio: “Si alguien tiene algo que denunciar, este es el momento. La justicia necesita que la verdad salga completa”.
Finalmente, Prieto Herrera lanzó un mensaje político de fondo: en Tamaulipas terminó la era de los intocables. “Nadie se esconde para siempre. Cuando la justicia alcanza, no hay dinero ni influencias que la detengan. Esta exigencia es legítima, moral y necesaria para sanar la vida pública del estado”, concluyó, al afirmar que aplicar la ley “sea quien sea” es parte de una transformación real y no de discurso.