La diputada del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, lanzó un señalamiento directo: el gobierno federal debe proceder a la detención preventiva de Rubén Rocha Moya y dejar de escudarse en interpretaciones erróneas de la ley.
La legisladora sostuvo que la solicitud del gobierno de Estados Unidos es clara y no admite evasivas: no se trata de exigir pruebas en este momento, sino de actuar conforme al proceso de extradición, que establece la detención del señalado mientras corre el plazo legal para sustentar la acusación.
“Se está interpretando mal la ley. Lo que corresponde es detenerlo y resguardarlo, no pedir pruebas fuera de tiempo”, advirtió.
Guillén Vicente subrayó que la acusación no proviene de una instancia menor, sino de uno de los órganos más relevantes del sistema de justicia estadounidense, donde —dijo— se han procesado casos de alto perfil.
En ese contexto, cuestionó la inacción de las autoridades mexicanas frente a un señalamiento de tal magnitud y alertó sobre las consecuencias de prolongar la incertidumbre.
“El silencio y la falta de acción nos colocan en una posición vulnerable. Estamos sentados sobre una bomba que no necesitamos”, sostuvo.
La priista fue más allá y advirtió que un conflicto con Estados Unidos tendría costos inmediatos para México, al recordar la alta dependencia económica del país respecto a su vecino del norte.
“Es un pleito que no vamos a ganar. Puede traducirse en pérdida de empleos y retiro de inversiones”, afirmó.
Además, dejó entrever que existen indicios suficientes que deberían ser atendidos por las autoridades federales, y remató con un señalamiento que agrava el escenario:
“Si hay elementos, se debe actuar. Pero el problema hoy es que nadie sabe dónde está”.
Con ello, el caso de Rocha Moya no solo escala en lo jurídico, sino que se convierte en un foco de presión política y diplomática, donde la omisión también juega un papel.