Las recientes lluvias que azotaron el norte de Veracruz y otros estados del país han dejado al descubierto no solo la fragilidad de la infraestructura ante fenómenos naturales, sino también los vacíos en la atención institucional.
Los videos que circulan en redes, supuestamente mostrando a grupos criminales repartiendo víveres a damnificados de Poza Rica y Álamo en Veracruz , son más que un riesgo mediático: son un reflejo de la incapacidad del Estado para garantizar asistencia eficaz y oportuna.
La presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a señalar que no se tiene certeza sobre la autenticidad de esas imágenes y subrayó que, de confirmarse, ese tipo de prácticas “no está bien”. Es un argumento válido, pero insuficiente. La presencia de actores delictivos en la ayuda humanitaria no surge de la nada; nace del vacío operativo, de la demora en la entrega de recursos y de la percepción ciudadana de que la autoridad puede llegar tarde o no llegar.
Mientras se despliegan “Vactors” y pipas desde la CDMX a Veracruz es imposible ignorar que la política de ayuda sigue siendo reactiva y fragmentada.
Los damnificados no esperan discursos: esperan soluciones concretas, rapidez y certeza de que el Estado es quien tiene el control.
La emergencia no es solo un problema natural; es un espejo de la gobernabilidad y de cómo la sociedad percibe la autoridad.
Si algo deja claro este episodio es que la atención a desastres no puede depender de la improvisación ni de la buena voluntad de terceros.
Cada día que la ayuda se retrasa, el riesgo de que actores ajenos al Estado ocupen ese espacio aumenta. Las lluvias han dejado 64 muertos y decenas de desaparecidos; el costo social de la ineficiencia no puede seguir siendo un dato más en las estadísticas.