Los números ya no admiten matices: los bloqueos de agricultores y transportistas en octubre y noviembre no sólo revelaron la desesperación de un país acorralado por la inseguridad carretera, sino también el tamaño del vacío gubernamental que se ha tolerado durante años.
Las pérdidas son la evidencia más cruda de esa negligencia: 2,300 millones de pesos a nivel nacional, según CANACINTRA; 80 millones en Jalisco, 675 millones en Guanajuato solo para autotransporte, y más de 500 millones en Tamaulipas.
No son cifras; son síntomas de un país frenado por su propio desorden.
Mientras el Gobierno Federal presume diagnósticos y los estados se escudan en “competencias” y “facultades”, la economía se desangra en cada retén irregular, en cada tramo carretero convertido en zona de nadie, en cada bloqueo que paralizan rutas estratégicas.
Y el mensaje es brutal: México se está deteniendo porque nadie está realmente conduciendo.
Los cierres carreteros no son un capricho, son la expresión del hartazgo frente a un ecosistema criminal que se consolidó al amparo de omisiones, descoordinación y hasta complicidades institucionales.
Los transportistas y productores ya no protestan por mejoras: protestan por sobrevivir en rutas donde operan la delincuencia, los retenes fantasma, las extorsiones de corporaciones estatales y municipales, y el robo de carga que suma más de 24 mil incidentes al año con pérdidas superiores a 7 mil millones de pesos.
El país funciona —o intenta hacerlo— con carreteras convertidas en trampas.
El bloqueo como último recurso… y como prueba del fracaso
Los reclamos de agricultores y transportistas son legítimos; los bloqueos, no. Pero sería hipócrita exigirles “civilidad” sin reconocer que esa misma civilidad fue dinamitada por la incapacidad del Estado para garantizar lo elemental: transitar sin ser asaltado, extorsionado o desaparecido.
Los cierres paralizan cadenas productivas, frenan insumos, retrasan entregas, afectan a MIPYMES, estudiantes y trabajadores. Pero culpar solo a quienes bloquean es evadir lo esencial:
Si México estuviera funcionando, nadie estaría bloqueando.
La exigencia empresarial: basta de discursos, queremos acciones
La CANACO no pidió reuniones ni mesas de diálogo. Exigió lo que cualquier país normal daría por hecho:
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Seguridad real —no operativos de fin de semana— en carreteras.
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Eliminación de retenes irregulares disfrazados de “operativos de revisión”.
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Coordinación verdadera entre Federación, estados y municipios.
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Vigilancia donde las estadísticas ya dijeron dónde se mata, dónde se roba, dónde se extorsiona.
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Protección a quienes cargan sobre sus hombros la economía del país: transportistas, turismo, sector agrícola.
Y subió el tono: si no hay seguridad, los organismos empresariales podrían suspender el pago de cuotas en autopistas federales. Y también piden revisar el modelo fiscal —IVA, ISR, IEPS, energía y combustibles— porque las empresas ya no pueden sostener un país donde moverse es un riesgo financiero y un riesgo de vida.
Es una bomba política, pero también una llamada de auxilio.
Un país detenido en plena carretera
La crisis no está en los bloqueos: está en lo que los provoca.
Los cierres visibilizan un país fracturado, donde la movilidad —motor de cualquier economía moderna— es rehén de la delincuencia, de los vacíos de autoridad y de gobiernos que siguen improvisando frente a un problema que exige estrategia, inteligencia y decisiones impopulares.
México no puede darse el lujo de normalizar un país donde la carga no llega, el comercio no circula, la producción no avanza y la gente no se mueve.
Tampoco puede seguir premiando la inacción de autoridades que, por décadas, han permitido que nuestras carreteras se conviertan en territorios controlados por quien tenga más armas, más patrullas o más poder para extorsionar.
Los empresarios lo dijeron claro:
“México no puede detenerse.”
Pero hoy, guste o no, México ya está detenido.
Y lo está porque quienes deben garantizar la movilidad han decidido mirar hacia otro lado.