La amenaza de Donald Trump de deportar a 11 millones de personas indocumentadas de Estados Unidos ha hecho saltar las alarmas del Gobierno México y en concreto de los Estados del norte del país.
Varias ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros resienten esa presión y trabajan a marchas forzadas desde hace semanas para ampliar su red de albergues con la que atenderán a los migrantes deportados.
Y es que aunque no se sabe cuánto va a costar atender a una ola masiva de deportados, los tres órdenes de gobierno deben tener seguramente partidas presupuestales suficientes para esto, luego de que si no lo hacen se pueden generar problemas en el tema de seguridad, salud pública y hacinamiento, advirtió el diputado federal Carlos Canturosas Villarreal.
El legislador por Nuevo Laredo dijo que debe haber albergues, médicos, entre otras cuestiones, ya que que lo que menos se quiere que suceda es que la gente que llegue nuevamente a México la pase mal y, además, se generen problemas con las personas que habitan ya en los municipios fronterizos.
“Es complicado para los municipios y también para el propio Gobierno del Estado, pero son de las labores que tiene hacer uno cuando es autoridad y, bueno, ponerle buena cara a las cosas y hacer lo mejor posible porque la gente esté bien”, dijo.
Destacó que cuando fue alcalde de Nuevo Laredo, del 2013 al 2016, se deportaba a un grupo importante de personas cada semana por ese cruce fronterizo, por lo que ahora esto sucederá seguramente por esa o alguna otra frontera que las autoridades norteamericanas tengan establecida.
“En Tamaulipas hay que estar preparados y ayudar al gobernador del Estado para que esta chamba la haga lo mejor posible”, concluyó.