El reciente inicio de la limpieza de 19 cruces ferroviarios por parte de Ferromex en Altamira abre un debate sobre responsabilidad y protagonismo político.
A primera vista, podría parecer un logro del alcalde Armando Martínez Manríquez, quien había amenazado con bloquear trenes para presionar a la empresa.
Sin embargo, los hechos revelan otra lectura: la acción efectiva fue resultado del diálogo impulsado por las y los diputados locales del sur de Tamaulipas, Ursula Salazar, Cinthya Jaime Castillo, Marcelo Abundis y Claudio de Leija quienes llamaron al respeto a la ley y a la negociación, evitando que se cometiera un delito federal.
La amenaza del alcalde de “parar los trenes” para exigir limpieza, además de arriesgada e ilegal, pone en evidencia un estilo de gestión que privilegia la confrontación sobre la coordinación institucional.
Si bien la intervención de Ferromex mejora la seguridad vial, la iniciativa no nació del municipio, sino de la presión institucional legislativa y del cumplimiento de obligaciones legales por parte de la empresa.
La pregunta que queda es inevitable: ¿prevaleció la prudencia de los legisladores o simplemente se salió con la suya el alcalde? La acción efectiva, más allá de los discursos y amenazas, fue consecuencia del trabajo legislativo, no de un protagonismo municipal.
En Altamira, como en muchas ciudades, la seguridad y el bienestar ciudadano no pueden depender de amagos ni de estrategias de marketing político.
La limpieza de los cruces ferroviarios es un hecho positivo, pero su origen debería recordarnos que la ley y la coordinación institucional valen más que la presión mediática o la amenaza pública.