La airada advertencia del alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, de “parar el tren” si Ferromex no limpia los derechos de vía no puede leerse sólo como un arranque de autoridad local: es, sobre todo, un síntoma de la política espectáculo que confunde presión mediática con gobernanza eficaz.
En su intervención pública el edil hizo público lo que muchos vecinos reclaman: la maleza y la basura a 15 metros a cada lado de las vías, la falta de visibilidad en entradas y salidas de colonias (Cervantes, Cuauhtémoc, Independencia, Miramar, Francisco Madero), y el riesgo potencial de incendios y accidentes. Es verdad: las condiciones descritas son un problema de seguridad urbana que amerita atención. Pero la solución planteada —un ultimátum que apunta a interrumpir el servicio ferroviario— es peligrosa, poco técnica y potencialmente dañina para la economía local.
Altamira no es sólo un municipio residencial; es un nodo logístico e industrial cuya actividad depende del flujo ferroviario. Un paro de trenes tendría costos inmediatos: bloqueos de cadenas de suministro, impactos en empresas locales, potencial pérdida de empleos y riesgos de desabasto. ¿A quién perjudicaría finalmente el “parar el tren”? A las familias y comercios que viven de esa actividad, no necesariamente a la empresa que se supone es el blanco de la sanción.
Además, el planteamiento del alcalde revela una carencia de estrategia administrativa: el gobierno municipal anuncia un exhorto de cabildo —¿y luego qué?— y convoca a la confrontación pública en vez de activar mecanismos técnicos y jurídicos ya disponibles. Hay vías para obligar a una empresa a mantener sus derechos de vía sin poner en riesgo la movilidad regional: inspecciones conjuntas (Ayuntamiento-Ferrocarril-Secretaría de Comunicaciones y Transportes), notificaciones formales, multas administrativas en su caso, coordinación con Protección Civil para definir un cronograma de limpieza prioritaria en zonas urbanas, y medidas inmediatas de mitigación (despeje de cruces peatonales, señalización, podas urgentes en zonas críticas).
El reclamo del alcalde es legítimo en su origen —la inseguridad y la negligencia en áreas urbanas son un asunto de salud pública—, pero su método es regresivo. Instrumentar una política pública basada en la amenaza pública de paralizar un servicio estratégico es confundir espectáculo con gestión. Si la intención real es proteger a la población, el gobierno municipal debería demostrar capacidad técnica y legal: documentar las omisiones, presentar denuncias administrativas formales ante la autoridad competente, coordinar patrullajes y cuadrillas de apoyo para limpieza inmediata en puntos críticos, y exigir sanciones proporcionales si hay incumplimiento.
Finalmente, hay que recordar quién paga el costo de la confrontación: no la empresa ni el alcalde, sino las comunidades que dependen del tren para trabajar y vivir. Altamira necesita respuestas duraderas —inspecciones, protocolos, acuerdos y cumplimiento—, no titulares que prometen “parar el tren” y que terminan encendiendo más incertidumbre que soluciones.