El reciente reconocimiento de la Cancillería mexicana sobre la muerte de al menos diez migrantes mexicanos bajo custodia del ICE en Estados Unidos ha encendido las alertas en el Congreso de Tamaulipas.
El diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, afirmó que los consulados de México en Texas —particularmente los de McAllen y Laredo— se mantienen vigilantes para evitar violaciones a los derechos humanos de los connacionales detenidos y en proceso de deportación.
“La presidenta ya instruyó a toda la red consular en Estados Unidos a estar atenta a estos casos”, señaló el legislador.
Ojeda Castillo subrayó que los consulados y la embajada mexicana han reforzado la recepción de quejas y la atención directa a migrantes, una acción que —reconoció— antes no se asumía con suficiente seriedad.
El diputado morenista contextualizó el tema en un momento particularmente sensible: el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha endurecido los procesos para obtener o conservar el estatus legal en Estados Unidos.
“Estuve hace tres semanas en la Cámara de Diputados con el representante de los migrantes, el diputado federal Cheto Polanco, para coordinar esfuerzos con el gobierno federal y atender la situación de nuestras hermanas y hermanos en el extranjero”, comentó.
Sin embargo, más allá del discurso solidario, lo cierto es que México sigue sin una política integral de protección a sus migrantes. Las reacciones suelen llegar tarde, los consulados carecen de personal suficiente y el acompañamiento jurídico depende más de la buena voluntad local que de una estrategia nacional.
Ojeda anticipó que desde el Congreso tamaulipeco se buscará legislar mecanismos que prevengan o disminuyan los atropellos contra connacionales, aunque admitió que el reto rebasa lo estatal.
El endurecimiento del clima migratorio en Estados Unidos coincide con una debilidad estructural en la protección consular mexicana. Mientras los consulados reaccionan, el aparato federal sigue sin dotar de recursos ni herramientas legales eficaces a quienes deben velar por los derechos de los migrantes.
En Tamaulipas, la frontera no es solo geografía: es una herida abierta donde convergen las omisiones del norte y las ausencias del sur.
Cada migrante detenido o fallecido bajo custodia del ICE exhibe lo mismo: la fragilidad de un Estado que no alcanza a proteger a los suyos más allá del Río Bravo.