El director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, aclaró que la reciente resolución de un tribunal colegiado —que declara inconstitucional exigir documentos migratorios por parte de líneas de autobuses— no restringe las facultades del Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar revisiones en carreteras o centrales camioneras.
El funcionario explicó que, si bien el artículo 11 de la Constitución reconoce el derecho al libre tránsito en México, este principio contempla excepciones, entre ellas la facultad del INM para verificar la situación migratoria de personas que considere extranjeras durante operativos oficiales.
En ese sentido, precisó que la resolución judicial delimita claramente competencias: las revisiones migratorias corresponden exclusivamente a la autoridad federal, y no pueden ser delegadas a particulares, como las empresas de transporte.
“No se está impidiendo que el INM ejerza su función de verificación; lo que se establece es que dicha facultad no puede recaer en las líneas de autobuses”, puntualizó.
Rodríguez Alvarado indicó que las empresas de transporte sí pueden solicitar una identificación con fines de control interno —por ejemplo, para conocer quién aborda una unidad—, pero no están autorizadas para exigir documentación que acredite la condición migratoria de los pasajeros.
Reiteró que corresponde al INM determinar dónde, cómo y por cuánto tiempo se instalan filtros de revisión, tanto en centrales camioneras como en carreteras, incluso en ciudades que no cuentan con cruces internacionales.
Finalmente, destacó que el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes mantiene un papel de acompañamiento, enfocado en brindar orientación e información a las personas en tránsito, sin facultades de verificación o control migratorio.