Ciudad Madero, Tamps.– A dos años del derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz, las víctimas y sus familias permanecen sin apoyo integral ni indemnización, denunció el abogado Roberto Alejandro Ramírez Padilla, quien fungió como asesor jurídico de 12 de los afectados.
El jurista recordó que, pese a la tragedia que dejó personas fallecidas, lesionados graves y un menor en orfandad, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) y un juez de control resolvieron que el colapso del inmueble fue un “accidente”, derivado de la salinidad, humedad y afectaciones estructurales de la zona conurbada.
“La autoridad lo catalogó como un accidente. Sin embargo, existen edificios más antiguos, más cercanos a la playa, que no han presentado daños ni derrumbes”, cuestionó Ramírez Padilla, al señalar las inconsistencias en los peritajes oficiales.
Sin reparación ni respaldo institucional
El abogado precisó que lo único que recibieron las familias fue el pago de gastos funerarios por parte del Ayuntamiento de Altamira. Ni la Iglesia Católica ni otras autoridades ofrecieron compensación económica o apoyo permanente.
Uno de los casos más graves es el de Iván, joven de 33 años, quien tras sufrir fractura de tibia y peroné ha sido sometido a tres cirugías y permanece incapacitado para trabajar. Sus tratamientos y rehabilitaciones superan los 100 mil pesos.
Asimismo, los señores José y Georgina, que perdieron a su hija en el derrumbe, ahora se hacen cargo de un nieto de siete años en condición de orfandad, sin recibir el apoyo educativo prometido por funcionarios públicos.
“Lo que reclamábamos era una indemnización, cubrir todos los gastos médicos y terapias, y garantizar educación al menor. Se pedían al menos 2 millones de pesos por cada víctima fallecida y la cobertura de las cirugías y tratamientos de los lesionados. Nada de eso se cumplió”, lamentó.
La Iglesia, ausente
Sobre la postura de la Diócesis de Tampico, Ramírez Padilla criticó que se haya asumido como “otra víctima más”, sin asumir responsabilidades hacia los feligreses afectados.
“Jamás se pronunciaron en favor de las víctimas. Lo único que hicieron fueron misas, pero esto no ayuda absolutamente nada a las personas que siguen padeciendo las secuelas del derrumbe”, afirmó.
Cansancio y abandono
Finalmente, el ex asesor explicó que muchos familiares desistieron de continuar con procesos legales por el alto costo emocional y económico. Intentaron buscar apoyo en Ciudad Victoria e incluso en la Ciudad de México, pero desistieron ante la falta de resultados y la indiferencia política.
El caso refleja el abandono institucional y social de las víctimas, quienes hoy, a casi un año del derrumbe, siguen cargando solas con los gastos médicos, las secuelas emocionales y la carga de un menor en orfandad.