La restitución de la patria potestad de Gabriela Salazar sobre su hija por la justicia federal ha reavivado la tensión en torno al cumplimiento de las resoluciones judiciales y la rendición de cuentas de los jueces involucrados. Según Hernán de la Garza Tamez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, el padre de la menor podría estar incurriendo en un delito si no entrega a la niña conforme a la resolución. La advertencia evidencia que la efectiva aplicación de la ley sigue dependiendo de la cooperación de los particulares, incluso cuando se trata de medidas dictadas por instancias federales.
Por otra parte, la investigación a la jueza Roxana Ibarra Canul, del Juzgado Cuarto de lo Familiar en Altamira, por presuntas irregularidades en este y otros juicios de patria potestad, ya concluyó su fase de acopio de información.
De la Garza Tamez informó que la Visitaduría Judicial emitirá próximamente sus conclusiones, y si se advierten responsabilidades, el caso será remitido al Tribunal de Disciplina Judicial.
El caso refleja dos caras de la administración de justicia: por un lado, la fragilidad en la ejecución de resoluciones cuando los involucrados se resisten a acatarlas; por otro, la importancia de los mecanismos de supervisión interna de los jueces.
El desafío ahora será que la Visitaduría Judicial actúe con transparencia y eficacia, para garantizar que las irregularidades no queden impunes y que la protección de los derechos de los menores no dependa únicamente de la voluntad de las partes.