El comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en torno al ataque ocurrido en la carretera Victoria–Reynosa, donde un menor de edad perdió la vida y sus padres resultaron heridos, busca aclarar que los responsables fueron civiles armados y no policías, como las primeras versiones apuntaban.
La narrativa oficial sostiene que los disparos provinieron de dos vehículos particulares —uno rojo y otro blanco— y que una Unidad de la Policía Investigadora fue también agredida, lo que derivó en un enfrentamiento. Horas más tarde, se localizó una camioneta NP300 con armas, chalecos balísticos y ponchallantas, supuestamente vinculada a los agresores.
Sin embargo, la pregunta central permanece: ¿por qué la sociedad tamaulipeca tiende a desconfiar de la versión institucional y, de manera casi automática, atribuye la responsabilidad a fuerzas estatales?
La respuesta no está en un solo episodio, sino en un historial de abusos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y encubrimientos que han erosionado la credibilidad de las corporaciones de seguridad en el estado. Cada comunicado que intenta deslindar a la autoridad se enfrenta al muro de la memoria colectiva, marcada por años de impunidad.
Es cierto: la Fiscalía afirma que procederá incluso si hubiera servidores públicos implicados. Pero en un contexto donde los procesos rara vez llegan a sentencias firmes y la transparencia es más promesa que práctica, estas declaraciones corren el riesgo de sonar huecas.
La tragedia de esta familia no es un hecho aislado; se inserta en la dinámica violenta de Tamaulipas, donde los civiles quedan atrapados entre grupos armados y autoridades cuestionadas. En medio de ello, la exigencia es una sola: verdad y justicia.
Mientras no se logre reconstruir la confianza ciudadana con investigaciones sólidas, independientes y con resultados claros, cada tragedia seguirá alimentando la percepción de que el enemigo también viste uniforme.