A menos de dos semanas de que entre en funciones el nuevo Poder Judicial del Estado, los recientes casos de jueces y juezas en Tamaulipas ponen en evidencia que la corrupción y las prácticas irregulares siguen siendo un lastre que amenaza la confianza ciudadana en la justicia.
El Consejo de la Judicatura resolvió que los jueces de Reynosa, Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, no incurrieron en responsabilidad al retirar la prisión preventiva a implicados en casos de extorsión. Según las autoridades, sus decisiones se apegaron a derecho. Sin embargo, la ciudadanía observa con desconfianza estas determinaciones, sobre todo considerando que medidas como la prisión preventiva son esenciales para garantizar seguridad y proteger a las víctimas.
Más preocupante aún es el caso de la jueza Roxana Ibarra Canul, de Altamira, investigada por presuntas irregularidades en juicios de custodia de menores. Aunque la investigación continúa y será turnada al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, lo cierto es que este tipo de procesos revelan fallas sistemáticas en el control y supervisión de jueces, dejando en entredicho la imparcialidad del sistema judicial.
Estos casos muestran que la corrupción en el Poder Judicial no es un problema aislado: decisiones judiciales cuestionables, irregularidades en procedimientos y falta de transparencia son señales de un sistema donde la rendición de cuentas sigue siendo insuficiente. La sociedad tamaulipeca exige que los jueces sean realmente responsables, que sus acciones no favorezcan intereses personales ni permitan la impunidad.
Mientras tanto, a menos de que el nuevo tribunal actúe con firmeza y transparencia, la percepción ciudadana es clara: la justicia en Tamaulipas todavía está en deuda con la gente, y los mecanismos de control actuales siguen siendo insuficientes frente a la corrupción estructural que persiste.