El juicio de amparo ha sido, durante casi un siglo, el escudo más sólido del ciudadano frente al poder. Una herramienta jurídica que encarna la esencia del Estado de Derecho: la posibilidad de frenar los abusos del gobierno con la fuerza de la Constitución.
Pero la reciente reforma impulsada por la mayoría de Morena —particularmente el artículo 14— parece dirigida no a fortalecer ese escudo, sino a mellarlo hasta dejarlo inútil.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, con la precisión de quien conoce las entrañas del sistema jurídico mexicano, lo dijo sin rodeos: esta reforma viola el principio de no retroactividad de la ley, un pilar constitucional que protege a las personas de ser juzgadas o sancionadas con reglas que no existían al momento de sus actos.
El cambio aprobado, que afecta más de 200 mil suspensiones provisionales en materia de créditos fiscales, equivale a que el gobierno cambie las reglas del juego con el partido en marcha. Lo que antes se resolvía bajo garantías de justicia procesal, ahora será decidido con el peso completo del aparato estatal encima de los contribuyentes.
El nuevo amparo —si aún puede llamarse así— protege más a la autoridad que al ciudadano. Y eso, en un país donde la burocracia es a menudo el verdugo del contribuyente, es una regresión institucional. No se trata de tecnicismos legales: se trata de la relación entre el poder y la persona.
Guillén Vicente advierte una trampa jurídica: hacer retroactivos los créditos fiscales para forzar el cobro, incluso en casos no resueltos. En palabras simples: “debas o no debas, pagas antes de defenderte”. Un principio que anula el derecho de audiencia y convierte al ciudadano en culpable por defecto.
La ironía es amarga. En nombre del progreso y la eficiencia recaudatoria, se desmantela una figura que México aportó al mundo jurídico como ejemplo de defensa de las libertades. El amparo mexicano, orgullo histórico del constitucionalismo nacional, se transforma ahora en un instrumento de recaudación con ropaje legal.
Quizá por eso la diputada cita con precisión popular el viejo refrán: “los carniceros de hoy serán las reses del mañana”. Porque esta reforma no solo castiga a los opositores o a los empresarios; debilita las garantías de todos, incluidos quienes hoy la aplauden desde el poder.
El amparo nació para frenar el abuso. Si se convierte en un trámite que sirve al gobierno y no al gobernado, entonces el país pierde algo más que un recurso judicial: pierde un pedazo de su conciencia democrática.
La legisladora tampiqueña habla de la lamentable situación de campo mexicano y de la emergencia hídrica que enfrenta la zona sur de Tamaulipas por las recientes lluvias.