La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas informó la vinculación a proceso penal de ocho ex servidores públicos de la administración estatal 2016–2022, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones dentro de diversas dependencias.
Los imputados —ex titulares y ex mandos medios de las secretarías de Desarrollo Económico, Bienestar Social, Salud y Obras Públicas— enfrentan acusaciones por uso ilícito de atribuciones, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
Las audiencias se realizaron los días 15 y 20 de octubre de 2025 en el Centro de Justicia Penal de la Primera Región Judicial del Estado, donde el Juez de Control resolvió la situación jurídica de los señalados.
Durante la sesión del lunes 20 de octubre, fueron vinculados a proceso Carlos “N”, exsecretario de Desarrollo Económico; Rómulo “N”, ex secretario de Bienestar Social; y Enrique “N”, ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud.
Los tres enfrentarán cargos por uso ilícito de atribuciones y facultades dentro de las carpetas de investigación 00385/2025, 00367/2025 y 00503/2025, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria que concluye el 20 de enero de 2026.
Cinco días antes, el 15 de octubre, se dictó vinculación a proceso en la carpeta 00311/2025 contra cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas: Reynaldo “N”, Armando “N”, Isaías “N” y Eduardo “N”.
A los dos primeros se les imputan los delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, mientras que los otros dos enfrentarán cargos por ejercicio ilícito del servicio público. El plazo de investigación en estos casos vence el 15 de enero de 2026.
De acuerdo con la Fiscalía, las carpetas derivan de auditorías internas, denuncias ciudadanas y revisiones técnicas practicadas por órganos de control estatal y federal durante los últimos años.
El organismo subrayó que estas acciones forman parte del esfuerzo institucional para sancionar el desvío de recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas, reiterando su compromiso con el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos.
Las resoluciones judiciales no constituyen una sentencia condenatoria, pero permiten que la autoridad continúe con la investigación formal bajo supervisión judicial, manteniendo la presunción de inocencia de los imputados.