Poco más de cuatro mil concesiones del transporte público que han dejado de operar en la última década serán canceladas en Tamaulipas. Así lo anunció el subsecretario de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, quien aseguró que la medida forma parte de un proceso de “reordenamiento” que abriría la puerta a un eventual incremento en la tarifa del pasaje, actualmente de 11 pesos general y 9 pesos para estudiantes.
A simple vista, la decisión parece necesaria: retirar del registro unidades que ya no circulan, revisar las condiciones mecánicas de las activas y rediseñar rutas. Sin embargo, el anuncio exhibe una verdad incómoda: durante al menos diez años, el gobierno estatal permitió que el sistema operara bajo una lógica de abandono, sin control sobre concesiones, rutas ni condiciones del servicio.
En los hechos, la cancelación no reordena lo existente, sino que revela el vacío de planeación que ha caracterizado al transporte público tamaulipeco. Las cifras son elocuentes: de 19 mil unidades registradas, una parte “significativa” no presta el servicio; más de 100 vehículos fueron retirados recientemente por fallas mecánicas; y al menos 20 rutas en Ciudad Victoria serán rediseñadas sin que exista un plan integral de movilidad que las sustituya.
Mientras tanto, el discurso oficial se mueve entre dos objetivos contradictorios: “ordenar” el transporte y “evaluar” un aumento tarifario. ¿Cómo justificar un incremento en el costo de un servicio que no garantiza seguridad, eficiencia ni cobertura suficiente?
El problema no es la cancelación en sí, sino la falta de una política de movilidad moderna y transparente que incluya diagnósticos actualizados, participación ciudadana y una visión metropolitana del transporte. Tamaulipas sigue dependiendo de un sistema atomizado, con rutas que nacen y desaparecen según intereses locales o coyunturas políticas, más que por necesidades sociales.
Si el Estado realmente busca modernizar el transporte, debe hacerlo desde el interés público y no como respuesta a la presión de concesionarios. La movilidad no puede seguir tratándose como un tema de permisos administrativos, sino como un derecho social vinculado a la seguridad, el acceso al trabajo y la calidad de vida urbana.
Hasta ahora, el reordenamiento anunciado se asemeja más a un ajuste contable que a una política de transformación. Cancelar lo que ya estaba inactivo no resuelve la crisis del transporte; apenas confirma que el sistema lleva años detenido en la misma parada.