Matamoros, Tamaulipas.— Las palabras del alcalde Alberto Granados Favila no son una exageración, sino una radiografía cruda del estado en que recibió el gobierno municipal en octubre de 2024: sin personal, sin servicios operativos y con una deuda que rebasa los 180 millones de pesos.
“Nos dejaron el puro cascarón”, resume Granados Favila con el rostro serio y la voz firme. No es una metáfora: al asumir el cargo, encontró oficinas sin equipos, sin cuadrillas de bacheo, sin personal de alumbrado público y sin recursos disponibles. Lo más grave: una administración endeudada hasta el cuello, con compromisos financieros que comprometen los servicios más básicos de una ciudad con más de 500 mil habitantes.
Una deuda silenciosa que estalló en las manos de la nueva administración
Según datos oficiales, de los 180 millones de pesos de deuda heredada, 160 millones fueron generados durante las dos gestiones consecutivas del exalcalde Mario López Hernández, mejor conocido como “La Borrega”, hoy diputado federal por Morena. La cifra supera cualquier antecedente financiero en la historia reciente del municipio.
Pero el problema no es solo la deuda. Una revisión de la Auditoría Superior del Estado revela que Mario López dejó 11 cuentas públicas sin aprobar, todas con presuntas irregularidades. El monto observado asciende a 558.1 millones de pesos, e incluye desde fallas administrativas graves hasta el presunto desvío de recursos federales.
A pesar de la magnitud del daño, el exalcalde no ha enfrentado consecuencias legales. Su fuero como legislador federal lo protege de cualquier proceso judicial mientras permanezca en su curul. «Ese blindaje político impide que se haga justicia. Hoy, el municipio sufre las consecuencias de su gestión, y él goza de impunidad», lamenta un funcionario del área financiera que pidió no ser citado.
Gobernar en ruinas: reconstruir desde cero
Alberto Granados asegura que el plan de gobierno tuvo que ser modificado desde el primer día. No había vehículos en condiciones para operar, no existía inventario confiable de recursos, y la nómina estaba inflada en algunas áreas, mientras otras estaban totalmente abandonadas.
“Nos dejaron sin herramientas, sin estructura y sin rumbo. Lo poco que se ha logrado ha sido con esfuerzo propio y con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, que no nos ha soltado la mano”, asegura el alcalde.
En los primeros seis meses de gobierno, la administración ha logrado pagar una parte de la deuda, reorganizar áreas críticas y restablecer servicios como el bacheo y la recolección de basura. Sin embargo, la presión financiera y la falta de recursos siguen siendo una carga diaria.
¿Y las cuentas pendientes?
Mario López, hoy legislador federal por Morena, sólo tiene una cuenta pública aprobada: la del ejercicio fiscal 2020. Las otras permanecen congeladas, sin dictamen favorable, debido a las múltiples observaciones técnicas, legales y financieras.
Fuentes cercanas al Congreso local señalan que hay presión política para evitar su enjuiciamiento, mientras diversas organizaciones ciudadanas exigen que se solicite el retiro de su fuero para que enfrente las consecuencias legales por el presunto daño patrimonial.
“El pueblo de Matamoros merece saber dónde quedó su dinero. No basta con decir que ya se fue; hay que exigir justicia”, reclama un líder empresarial local.
Una ciudad que no se detiene, pero que exige respuestas
Aunque la gestión de Alberto Granados ha enfrentado un inicio accidentado, su equipo insiste en que el municipio no se detendrá. Las prioridades son sanear las finanzas, recuperar la infraestructura y asegurar que las irregularidades del pasado no queden impunes.
“Trabajamos de puro milagro, sí. Pero con dignidad, transparencia y compromiso. Matamoros va a salir adelante, pero necesitamos que quienes destruyeron la administración también den la cara”, concluye Granados Favila.