El conflicto por la preparatoria Francisco Medina Cedillo ya no es un asunto administrativo ni un diferendo menor entre autoridades y comunidad educativa. Es, hoy por hoy, un síntoma político de cómo las decisiones —o las malas decisiones— desde el poder municipal pueden escalar hasta convertirse en pasivos electorales.
En el centro del problema está el Ayuntamiento de Tampico, encabezado por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya (Morena), cuya administración se encuentra envuelta en un conflicto que afecta directamente a alumnos, padres de familia y docentes, sin que hasta ahora exista una solución clara, transparente y con plazos definidos.
El Gobierno del Estado, a través de la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Silvia Isabel Martínez Guerra, salió a fijar postura. Reconoció el conflicto y planteó una posible reubicación del plantel para el ciclo escolar 2026–2027 en un inmueble público propiedad del propio Ayuntamiento de Tampico, hoy utilizado para servicios educativos particulares con una matrícula de 232 alumnos.
El mensaje estatal intenta contener el daño: se garantizan certificados, continuidad académica y operación regular. Pero el fondo del problema permanece intacto: la indefinición municipal y la ausencia de una postura clara por parte del gobierno local.
Porque conviene decirlo sin rodeos:
si el inmueble es del Ayuntamiento, la responsabilidad política también lo es.
La administración de Mónica Villarreal Anaya ha optado por el silencio, la dilación y la ambigüedad, dejando que el conflicto crezca mientras el costo lo pagan las familias. En política educativa, no decidir también es decidir, y casi siempre mal.
Este caso no es aislado. Se suma a una percepción creciente en Tampico de decisiones erráticas, falta de sensibilidad social y un estilo de gobierno que privilegia el control administrativo por encima del diálogo. Cuando los conflictos educativos se manejan como expedientes inmobiliarios y no como asuntos de derechos, el desgaste es inevitable.
El Gobierno del Estado hoy funge como mediador, pero no puede —ni debe— cargar con responsabilidades que corresponden al ámbito municipal. La educación es un derecho constitucional, y cualquier autoridad que lo ponga en riesgo, por acción u omisión, asume un costo político.
Y ese costo no se pierde en el aire.
A dos años de las elecciones de 2027, conflictos como el de la preparatoria Francisco Medina Cedillo comienzan a acumular factura. Padres de familia, maestros y estudiantes también votan. También recuerdan. Y también castigan.
En Tampico, Morena no solo enfrenta una disputa administrativa: enfrenta el riesgo de que la mala gestión local se traduzca en respuestas negativas en las urnas. Gobernar es prever. Y en este caso, el gobierno municipal parece haber olvidado que la educación no se improvisa… ni se posterga sin consecuencias.