Cd. Victoria, Tam., 15 de agosto.- La Secretaría de Administración de Tamaulipas no descarta realizar un ajuste en la nómina del gobierno estatal, luego de que los directores de áreas en las diferentes dependencias realizaron un análisis sobre la estructura, funciones y necesidades operativas de cada entidad.
La titular de la dependencia, Luisa Eugenia Manautou, explicó que el objetivo es garantizar que las secretarías y organismos públicos cuenten con lo básico e imprescindible para su operación, evitando duplicidades y excesos de personal.
El análisis abarcará todas las dependencias y organismos públicos descentralizados, aunque Salud y Educación se manejan de manera independiente. En total, los aportantes al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) suman alrededor de 50 mil, incluyendo personal de poderes autónomos y otras entidades.
Manautou destacó que, en los casos donde se detecten duplicidades de funciones, cada secretaría deberá ajustar su estructura para operar de manera más eficiente. Algunas dependencias ya concluyeron este análisis y aprobaron nuevas estructuras, mientras que otras, como Seguridad Pública, Salud y Educación, aún se encuentran en fase de estudio por su alta plantilla.
La funcionaria señaló que hasta el momento no se han detectado casos recientes de aviadores, pero exhortó a la ciudadanía y empleados a reportar cualquier irregularidad que observe.
Con este ajuste, el gobierno estatal busca optimizar recursos públicos, garantizar un funcionamiento eficiente de las dependencias y reforzar la sostenibilidad financiera del estado, sin afectar la operación de los servicios públicos esenciales.
De concretarse el ajuste en la nómina estatal no solo busca optimizar recursos, sino que también podría afectar directamente a las familias de los trabajadores despedidos en la pérdida de ingresos estables para cubrir alimentación, vivienda y educación, estrés y tensión familiar por la incertidumbre laboral., reducción del consumo local, afectando negocios y comercios cercanos, y la posible pérdida de prestaciones como seguros de salud y pensiones.
Si bien la medida apunta a una administración más eficiente, también es necesario considerar apoyos y estrategias que mitiguen el impacto económico y social en quienes resulten afectados.