En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso de Tamaulipas aprobó un paquete de acciones legislativas impulsadas por el titular del Ejecutivo estatal, entre ellas la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, presentada como un esfuerzo de modernización normativa alineado a la legislación federal y a la Agenda Nacional de Seguridad. Sin embargo, el alcance real de la reforma plantea interrogantes sobre su viabilidad operativa y su impacto efectivo en la seguridad pública.
Durante la presentación del dictamen, la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda destacó que el nuevo ordenamiento sustituye a la legislación vigente desde 2009, la cual permaneció sin reformas sustanciales durante más de 15 años. La nueva ley consta de 140 artículos distribuidos en 11 títulos y busca armonizar el marco jurídico estatal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El documento establece bases sobre la estructura, atribuciones y mecanismos de coordinación de las instituciones de seguridad, priorizando —en el plano normativo— la protección de los derechos humanos, el intercambio de información, la operación de los centros de comando y control, así como la actuación coordinada entre la Federación, el Estado y los municipios.
No obstante, la propia legisladora reconoció que la implementación de la ley implicará una reingeniería total del sistema de seguridad pública, lo que anticipa ajustes presupuestales complejos y de gran escala. Hasta ahora, no se ha precisado con qué recursos se financiará esta transformación ni cómo se garantizará la sostenibilidad de las corporaciones locales, particularmente en los municipios con mayor rezago institucional.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un protocolo estatal de actuación del primer respondiente, cuyo objetivo es ordenar las atribuciones de las distintas instancias.
Sin embargo, este diseño normativo no resuelve el problema estructural de fondo: la inexistencia o debilidad de policías municipales en amplias regiones del estado, donde la seguridad depende casi por completo de fuerzas estatales o federales.
Aunque se anunció que, en una primera etapa, los ayuntamientos serán facultados y capacitados, el dictamen no establece plazos claros, fuentes de financiamiento ni metas verificables, lo que convierte el fortalecimiento de las policías municipales en una promesa de largo plazo, en un contexto de inseguridad persistente.
Otro punto crítico señalado es la actualización de los bandos de policía y buen gobierno, instrumentos básicos de regulación local que, según se admitió desde el Congreso, algunos municipios no han renovado en más de 20 años o simplemente no cuentan con ellos. Este rezago exhibe una fragilidad institucional que la nueva ley reconoce, pero no logra subsanar de manera inmediata.
Si bien la reforma abre canales formales de comunicación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia y los ayuntamientos, la experiencia demuestra que la coordinación normativa no se traduce automáticamente en mejores condiciones de seguridad cuando persisten carencias estructurales, falta de personal policial y financiamiento insuficiente.
Desde una perspectiva crítica, la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública representa un avance en términos de armonización legal, pero deja pendientes fundamentales en materia de implementación, control civil, fortalecimiento municipal y garantía efectiva de derechos humanos. La brecha entre el diseño normativo y la realidad operativa sigue siendo el principal desafío para que la reforma no quede, una vez más, en el terreno de las buenas intenciones legislativas.