En un paso firme hacia la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que reforma los artículos 3, inciso a) y 9, párrafo segundo de la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado.
La iniciativa, promovida por el Diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, busca armonizar la legislación local con los tratados internacionales y normas federales que prohíben el matrimonio infantil, además de impulsar un lenguaje más inclusivo y neutro en el marco jurídico estatal.
Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que esta reforma responde al deber del Congreso de garantizar un entorno jurídico que salvaguarde los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, y de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
“Con esta reforma dejamos inscrito en nuestra norma el compromiso irrenunciable de que toda persona debe alcanzar la mayoría de edad antes de asumir cualquier vínculo matrimonial, cerrando así cualquier resquicio que pudiera permitir uniones precoces o forzadas”, subrayó Ojeda Castillo.
Además, el diputado explicó que mantener la edad mínima para contraer matrimonio en los 18 años no solo obedece a criterios jurídicos y normativos, sino también a fundamentos científicos, como estudios que demuestran que el cerebro humano, particularmente el lóbulo prefrontal, no alcanza su desarrollo completo sino hasta los 25 años.
En cuanto al lenguaje, la reforma sustituye los términos “hombre” y “mujer” por “personas contrayentes”, promoviendo así un enfoque más igualitario, inclusivo y libre de ambigüedades jurídicas.
Con esta aprobación, el Congreso local reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos.
Aunque la ley lo prohíbe, lamentablemente existen “uniones informales” donde niñas y adolescentes, a veces tan jóvenes como de 12 a 17 años, viven en unión conyugal.
En Tamaulipas se han identificado más de 7 mil menores en esa situación, mayoritariamente adolescentes.
También se documentaron al menos 3 matrimonios civiles con menores en 2022, lo cual refleja que la ley no siempre se cumple a cabalidad