La Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas aprobó que el municipio de Matamoros contrate uno o varios créditos en modalidad de crédito simple, bajo el argumento de impulsar “obras de alto impacto social”.
Aunque el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández defendió la medida como “estrategia financiera sólida y responsable”, críticos señalan que se trata de una práctica recurrente en los municipios de Tamaulipas, donde el financiamiento bancario se ha convertido en un recurso fácil para administrar presupuestos, en lugar de optimizar ingresos propios o priorizar la austeridad.
El argumento oficial indica que los recursos se utilizarán en salud, educación y desarrollo urbano y rural, y que serán liquidados en un plazo máximo de 24 meses, es decir, durante la administración 2024–2027. Sin embargo, los antecedentes del estado muestran que muchos créditos municipales terminan generando cargas financieras para futuras administraciones y para la ciudadanía, sin que siempre se transparenten los beneficios directos.
Especialistas en finanzas públicas alertan que este tipo de créditos, aunque “puntuales”, pueden aumentar la deuda municipal, limitar la capacidad de inversión en otros rubros y poner en riesgo la estabilidad económica de la población, sobre todo si no se supervisa estrictamente la ejecución de las obras prometidas.
La pregunta que queda en el aire es si estas iniciativas realmente beneficiarán a los ciudadanos, o si simplemente son un mecanismo para endeudar municipios bajo el discurso de obras de alto impacto.