Por años, en Tamaulipas, el servicio de grúas funcionó como una maquinaria silenciosa pero eficaz: cada accidente, cada infracción y cada mal estacionamiento era la oportunidad para que unos cuantos hicieran negocio a costa del ciudadano. Y lo más grave: todos lo sabían.

La reciente iniciativa aprobada por unanimidad en el Congreso, impulsada por la diputada Magaly Deándar Robinson, viene a ponerle nombre y reglas a un abuso que se volvió parte del paisaje urbano. Lo que hoy se reforma no es menor: es el fin de un esquema donde empresas de grúas, con permisos municipales y complicidades bien engrasadas, pudieron operar como recaudadoras informales de los ayuntamientos.

Porque eso fue durante años: un sistema de cobros de facto, disfrazado de servicio público.

Cuando el accidente se convertía en un negocio

El ciudadano lo sabía: si chocabas, además de arreglar tu carro, debías prepararte para pagar arrastre y corralón, aunque no lo necesitaras. Es decir, pagabas doble por un problema que ya era suficientemente grave.

Ese abuso no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque algunos municipios lo permitieron, lo alentaron y lo normalizaron. El servicio de grúas se convirtió en una caja chica: contratos asignados a modo, tarifas infladas y una operación que convertía cualquier percance en una oportunidad para facturar.

La frase de la diputada es contundente: “Era todo un negocio”.
Y sí, lo era. Uno del que nadie hablaba en voz alta.

La práctica más ruin: remolcar aunque el conductor estuviera presente

La segunda iniciativa de Deandar pone el dedo en otra llaga: remolques a vehículos infraccionados aunque el dueño estuviera ahí, a dos metros del carro, suplicando que no lo arrastraran. Era una escena común: la grúa esperaba a que el conductor diera un paso fuera del cuadro, literal, para enganchar el auto y garantizar el pago.

Esa práctica, además de abusiva, era una muestra de cómo la autoridad municipal cedió terreno ético y operativo ante intereses privados. La calle se convirtió en territorio de caza.

Multas disparejas, otro síntoma del desorden municipal

La legisladora también advirtió algo que pocos mencionan: las multas por conducir en estado de ebriedad pueden variar entre los 4 mil y 10 mil pesos dependiendo del municipio. ¿Qué significa eso?
Que en Tamaulipas las reglas de tránsito son una tómbola, no una política pública seria.

La falta de homologación es un terreno fértil para los abusos, la discrecionalidad y la recaudación disfrazada. No sorprende que las grúas hayan encontrado ahí su mejor ecosistema.

Lo que realmente se aprobó

Más allá de las reformas técnicas, lo aprobado representa algo más importante:
el reconocimiento oficial de que los municipios fallaron, que el modelo estaba podrido de raíz y que la ciudadanía había cargado con un costo económico y emocional enorme por años.

Claro que falta su publicación en el Periódico Oficial. Claro que falta vigilar que ahora sí se cumpla. Pero por primera vez en mucho tiempo, se le pegó directamente al engranaje donde se generaban los abusos.

El reto que sigue

La iniciativa marca un parteaguas, pero solo será efectiva si se rompe el pacto de silencio y conveniencia que durante años permitió estos atropellos. Porque regular las grúas es apenas el primer paso: falta revisar los contratos, auditar a los concesionarios, depurar Tránsitos Municipales y profesionalizar realmente la operación.

Lo demás sería maquillar un problema que, durante demasiado tiempo, fue un negocio a plena luz del día.