En Tamaulipas, el discurso oficial sobre protección de niñas, niños y adolescentes vuelve a chocar con una realidad incómoda: el hogar y las escuelas —espacios que deberían ser entornos seguros— son hoy los lugares de mayor riesgo para la niñez. Así lo reconoció Ivette Salazar Márquez, titular del SIPINNA, al admitir que el acoso escolar, el acoso sexual y el abuso sexual siguen ocurriendo con más frecuencia en círculos familiares o cercanos.
El dato es brutal, pero más brutal es la confesión implícita: el propio Estado carece de mecanismos eficaces para detener esa violencia. SIPINNA no tiene facultades de investigación, solo canaliza casos. La ruta institucional termina dependiendo de fiscalías y procuradurías que acumulan expedientes, pero difícilmente ofrecen justicia rápida y efectiva.
La funcionaria insiste en que las denuncias se formalicen y no se queden en redes sociales. Tiene razón: la “cifra negra” es enorme. Pero ¿cómo pedir a las familias que denuncien si la respuesta institucional es lenta, revictimizante y muchas veces cómplice del silencio? En Tamaulipas, la confianza en las instituciones de justicia está quebrada, y eso alimenta la impunidad.
Lo que queda claro es que mientras se celebran programas, campañas y protocolos, los niños siguen desprotegidos en el lugar donde deberían estar más seguros: su casa y su escuela. Y aquí no hablamos de cifras, hablamos de vidas.
La autoridad no puede limitarse a “canalizar”. Urge un rediseño de políticas públicas, con mecanismos de prevención reales, protocolos escolares efectivos, fiscalías con dientes y, sobre todo, cero tolerancia a la violencia sexual y al encubrimiento familiar o institucional.
Porque detrás de cada número hay un menor violentado, una familia rota y un Estado que, hasta ahora, parece más cómodo registrando estadísticas que garantizando derechos.