El Congreso de Tamaulipas discute una iniciativa que busca tipificar como delito la difusión o promoción de “retos digitales peligrosos” en redes sociales. La propuesta, presentada por el diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, plantea sanciones de uno a tres años de prisión y multas de hasta 300 días, con incrementos si las víctimas son menores de edad o personas con discapacidad.
En apariencia, se trata de una medida necesaria: los llamados “retos virales” han derivado en lesiones, daños psicológicos y hasta muertes, especialmente entre adolescentes. Sin embargo, el planteamiento abre un debate más profundo sobre los límites del derecho penal frente a la libertad de expresión en entornos digitales.
El legislador reconoce un “vacío legal” en torno a estos contenidos, pero su propuesta se suma a una tendencia creciente en varios congresos estatales: criminalizar fenómenos sociales asociados al uso de redes sin atender sus causas estructurales.
El riesgo es que la ley termine castigando la difusión —no solo la creación o incitación directa—, lo que podría derivar en una forma de censura o persecución de contenidos ambiguos.
El problema de fondo no es solo jurídico, sino educativo y cultural. Los llamados “retos” prosperan en espacios donde falta alfabetización digital, acompañamiento familiar y supervisión institucional. Tipificarlos penalmente puede enviar un mensaje político de acción inmediata, pero no garantiza prevención real.
Además, la iniciativa omite discutir la responsabilidad de las plataformas electrónicas, que concentran el poder de difusión y manipulación algorítmica. Sin mecanismos de corresponsabilidad tecnológica, la sanción recaerá exclusivamente sobre usuarios finales —muchos de ellos adolescentes— sin tocar a las grandes corporaciones digitales que lucran con la viralización del riesgo.
Por otro lado, el hecho de que el grupo parlamentario de Morena se haya sumado formalmente a la propuesta refleja una coincidencia transversal entre bancadas para mostrar sensibilidad social, en un contexto preelectoral donde la seguridad digital y la niñez se convierten en banderas políticas de bajo costo.
La verdadera eficacia de esta reforma dependerá no de cuántas personas se castiguen, sino de cómo el Estado articule educación, prevención y regulación tecnológica. Sin ello, la iniciativa podría ser más un gesto simbólico que una respuesta estructural.