La designación de Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal General de Justicia de Tamaulipas abrió, como era de esperarse, un reacomodo inmediato en la conversación pública. Pero una señal política particularmente relevante vino del Colegio de Abogados de Tamaulipas A.C., que no suele pronunciarse con tanta celeridad ni tanta claridad.

El reconocimiento público del gremio jurídico no es un gesto menor.
Es, en esencia, una legitimación técnica en un momento donde la Fiscalía estatal se juega credibilidad, rumbo y autonomía después de años de tensiones políticas, fracturas internas y señalamientos ciudadanos.

El Colegio habló de “confianza institucional”, de “colaboración interinstitucional” y de “respaldo a la transparencia y la legalidad”. Tres conceptos que, si se leen con lupa, son mucho más que buenos deseos: son recordatorios de lo que la Fiscalía ha dejado a deber y advertencias sobre los estándares que esperan del nuevo titular.

Porque detrás del reconocimiento hay una lectura que no debe ignorarse:

Govea no solo llega con apoyo político; necesita apoyo técnico.

Y ahí es donde el Colegio entra en escena.

El gremio jurídico tamaulipeco ha sido, históricamente, un termómetro para medir el ánimo del sector profesional frente a los ciclos de justicia del estado. Su pronunciamiento, aunque institucional, lleva un subtexto:
la expectativa de que este nombramiento no repita los vicios del pasado y que la Fiscalía no se convierta de nuevo en un instrumento de coyuntura política.

Govea Orozco carga con el respaldo del Congreso, pero también con la sombra de investigaciones delicadas y procesos que pondrán a prueba su autonomía real.

El Colegio lo sabe y por eso marca la cancha desde el primer día.

También hay un mensaje para el gobierno:
si la apuesta es por la reconstrucción del sistema de justicia, el acompañamiento técnico debe ser permanente y no solo testimonial.
Si, en cambio, el objetivo es usar la Fiscalía como palanca de poder, el gremio jurídico ya avisó que estará observando.

Al final, la frase con la que cierra el pronunciamiento —“La ley nos une; la justicia nos convoca; la verdad nos respalda”— es más que un lema institucional.
Es un recordatorio.

Un recordatorio de que la justicia en Tamaulipas no puede seguir siendo rehén de intereses; de que la sociedad exige resultados; y de que el nuevo fiscal inicia su periodo con una ventana de oportunidad que puede cerrar rápido si no se traduce en hechos.

Govea ya tiene el nombramiento.
Ahora falta la parte difícil: ganarse la confianza que no otorgan las mayorías legislativas, sino la ciudadanía.