El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, confirmó que fueron 40 las personas registradas como aspirantes a la Fiscalía General de Justicia (FGJ): 26 hombres y 14 mujeres.
Pero lejos de presentar el dato como muestra de apertura, el legislador tuvo que reconocer un desorden interno: la lista completa se filtró un día antes de lo previsto, a pesar de que —según él— se instruyó mantenerla reservada para “no contaminar el proceso”.
Prieto afirmó que habrá una investigación interna y que se sancionará al responsable, aunque evitó precisar el tipo de sanción o los mecanismos para identificarlo. La filtración, sin embargo, ya dejó en evidencia la fragilidad institucional del Congreso para resguardar información en un proceso tan sensible como la elección del fiscal.
El diputado detalló que el próximo lunes, una vez aprobados los registros por el Pleno, la Comisión de Justicia seleccionará dos ternas: una de mujeres y otra de hombres.
Ese mismo día serán enviadas al Ejecutivo, y el martes el gobernador remitirá una terna final al Congreso.
Las entrevistas se realizarán el miércoles, y el 29 de noviembre el Pleno elegirá al próximo fiscal. La toma de protesta será el 2 de diciembre, aunque el nuevo titular entrará en funciones el 16, cuando termina el periodo de Irving Barrios Mojica.
La designación requiere mayoría calificada: dos terceras partes del Pleno.
Aunque Prieto insiste en que se trató de una convocatoria abierta y un proceso “sin contaminación”, la secuencia de hechos muestra otra realidad:
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Una filtración interna rompió el control del proceso.
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El diseño exprés del calendario limita el análisis público de perfiles.
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La decisión final sigue dependiendo del Ejecutivo, que enviará la terna definitiva.
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No hay criterios públicos de evaluación sobre por qué tres aspirantes avanzarán y 37 quedarán fuera.
La insistencia del diputado en “cuidar el proceso” contrasta con lo ocurrido: la información más sensible salió antes por manos desconocidas, mostrando fallas de disciplina interna y falta de protocolos claros.
En un contexto de violencia persistente, desafíos estructurales en procuración de justicia y exigencias sociales de autonomía, el Congreso debería reforzar la credibilidad del proceso.
Sin embargo, la filtración, la prisa y la opacidad en la selección inicial de ternas socavan la narrativa institucional.
El resultado de este procedimiento marcará no solo el nombramiento del nuevo fiscal, sino la confianza —o desconfianza— pública en la capacidad del Congreso para conducir los procesos más delicados del Estado.