El procurador del DIF Tamaulipas, Jorge Alberto Galván Garcés, afirmó que los casos de menores que realizan actividades laborales en la vía pública “no están ligados a explotación laboral infantil”, asegurando que muchos lo hacen por iniciativa propia para obtener recursos y apoyar en los gastos del hogar.

La postura, sin embargo, contrasta con estándares nacionales e internacionales sobre trabajo infantil, que establecen que la necesidad económica, la falta de alternativas y la participación de menores en actividades de riesgo sí constituyen modalidades de explotación, aun cuando no exista coerción directa.

Galván Garcés reconoció que en municipios grandes se han detectado familias provenientes de estados como Chiapas y Oaxaca que utilizan esquemas de venta ambulante o petición de dinero en cruceros viales. No obstante, insistió en que “no se trata de explotación infantil”, argumentando que los niños no son obligados por los adultos.

El funcionario relató que algunos menores expresan que trabajan para poder adquirir lo que necesitan porque en casa no les pueden proporcionar esos recursos. Aun así, reiteró que solo en caso de que los padres utilicen a los menores para obtener ingresos podría haber una denuncia.

En Ciudad Victoria, personal de la Procuraduría realiza recorridos constantes en cruceros y avenidas donde se observa a niñas y niños limpiaparabrisas, vendiendo objetos o pidiendo dinero. Cuando son detectados, se les solicita retirarse por el riesgo que implica su presencia entre los vehículos.

La afirmación de que estos casos “no constituyen explotación infantil” abre el debate sobre la interpretación oficial del problema: si la causa es pobreza y no coerción, ¿deja de ser explotación? ¿O más bien se intenta suavizar una problemática estructural que el Estado deberá atender más allá del retiro esporádico de menores en cruceros?

En Tamaulipas, la discusión sigue abierta.