La última Sesión Ordinaria del año 2025 del Consejo de Fiscales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, encabezada por el recién nombrado Fiscal General, Jesús Eduardo Govea Orozco, marca más que un cierre administrativo: representa el inicio formal de una etapa que será evaluada no por el orden interno, sino por los resultados tangibles en la procuración de justicia.
El encuentro se centró en el fortalecimiento de las funciones sustantivas de la Fiscalía y en la correcta aplicación de políticas y lineamientos. En el plano institucional, el mensaje es correcto y necesario. Sin embargo, en un contexto estatal marcado por rezagos en la integración de carpetas de investigación, impunidad persistente y desconfianza ciudadana, el reto va mucho más allá de la alineación normativa.
El recorrido del Fiscal General por las distintas áreas de la institución, presentado como un ejercicio de diagnóstico, debe traducirse en decisiones concretas: depuración de prácticas ineficientes, profesionalización real del personal ministerial y fortalecimiento de capacidades técnicas. Conocer la estructura no basta; corregirla es la prueba.
La Fiscalía de Tamaulipas enfrenta una exigencia social clara: investigar mejor, resolver más y hacerlo con legalidad. La coordinación interna y el respeto institucional, reiterados por el titular de la FGJT, son condiciones mínimas, no logros. El desafío es romper la lógica burocrática que ha convertido la justicia en un trámite lento y, en muchos casos, ineficaz para las víctimas.
Además, el Consejo de Fiscales no puede limitarse a ser un espacio deliberativo. Su papel debe evolucionar hacia un órgano de evaluación y control interno, capaz de identificar fallas estructurales, corregir desviaciones y establecer metas verificables. Sin indicadores claros y rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional corre el riesgo de quedarse en el discurso.
La gestión que inicia tiene la oportunidad —y la obligación— de recuperar credibilidad. La ciudadanía no demanda recorridos ni sesiones formales, sino resultados medibles: investigaciones sólidas, procesos penales bien integrados y sentencias que reflejen el combate real a la impunidad.
En ese sentido, el arranque institucional del nuevo Fiscal General será juzgado no por la fotografía del acto, sino por su capacidad para transformar una Fiscalía que históricamente ha estado en deuda con la justicia. El mensaje está dado. Ahora corresponde demostrar, con hechos, que el cambio es algo más que un enunciado administrativo.