En sesión del Congreso local, el diputado Claudio de Leija Hinojosa hizo un exhorto formal a la empresa ferroviaria Ferromex para que realice de manera inmediata labores de limpieza y mantenimiento en las vías férreas que atraviesan zonas urbanas del estado, al señalar que el abandono de esos espacios afecta la imagen pública, la salud y la seguridad de las comunidades.
El legislador destacó que el crecimiento de la maleza y el deterioro en los tramos ferroviarios representan un riesgo sanitario y urbano, particularmente en municipios como Altamira, donde la ciudadanía ha demandado desde hace meses acciones concretas.
“Es urgente que la empresa ferroviaria atienda esta responsabilidad. La comunidad de Altamira y de todo Tamaulipas merece una respuesta responsable y rápida. La dignidad, la salud y la seguridad de nuestra gente están primero”, expresó De Leija en tribuna.
Sin embargo, el diputado también advirtió que las acciones de protesta o limpieza ciudadana no deben invadir las vías férreas, pues ello podría generar accidentes y responsabilidades mayores. Propuso que las autoridades y la empresa coordinen mecanismos seguros de intervención, sin exponer a la población ni interrumpir operaciones ferroviarias.
El exhorto, respaldado por legisladores de distintas fracciones, revive un tema que ha sido ignorado por la federación y las empresas concesionarias: el impacto ambiental y urbano del sistema ferroviario en zonas habitadas. Ferromex, principal operadora de transporte de carga en México, mantiene cientos de kilómetros de vías en Tamaulipas, muchas de ellas convertidas en zonas de riesgo por falta de mantenimiento.
Desde una lectura crítica, el posicionamiento de De Leija Hinojosa refleja una demanda social legítima, pero también evidencia la debilidad del Estado frente a las empresas concesionadas. Los gobiernos locales carecen de herramientas efectivas para exigir cumplimiento de las obligaciones ambientales y urbanas establecidas en los títulos de concesión federal.
El exhorto legislativo es, en el fondo, un llamado político para recuperar autoridad pública en espacios que hoy parecen tierra de nadie. Si Ferromex no responde con acciones inmediatas, el problema no solo será de imagen o limpieza, sino de responsabilidad compartida entre empresa, federación y estado.
Y es que el amago lanzado por el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, contra las empresas ferroviarias —a las que advirtió “les vamos a parar el tren”— no puede tomarse a la ligera. En un país donde el respeto al Estado de Derecho debería ser el principio rector de toda autoridad, declaraciones como ésta representan un preocupante retroceso institucional.
El reclamo del edil sobre la falta de limpieza en zonas aledañas a las vías puede tener fundamento, pero la forma en que se expresó revela una preocupante tendencia a confundir el poder político con la fuerza personal. El uso de la amenaza pública como herramienta de gestión no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que puede interpretarse como un llamado a cometer un delito federal, al pretender obstruir operaciones ferroviarias.
En ese sentido en la sesión de hoy por medio del legislador Claudio de Leija se presento un punto de acuerdo para exhortar a la empresa ferroviaria en esa denuncia presentada por el edil altamirense.
Ahora esperamos que la empresa cumpla con esa petición del Poder Legislativo de Tamaulipas.