La maestra María Teresa de Jesús García Reyes, directora de la Escuela Primaria Profesor José María Villarreal González, denunció haber sido separada de manera ilegal y arbitraria de su cargo, luego de negarse a participar en presuntas irregularidades administrativas dentro del plantel educativo ubicado en la colonia 3 de Septiembre, en la cabecera municipal de Soto la Marina.
La docente, quien llevaba cuatro años al frente de la dirección, aseguró que su remoción no obedeció a un procedimiento administrativo formal, sino a presiones internas y amenazas directas por parte de actores sindicales y administrativos, luego de que rechazó realizar acciones fuera del marco legal.
De acuerdo con su testimonio, fue presionada para incorporar personal sin nombramiento oficial, realizar movimientos de docentes sin respetar la antigüedad establecida por la normatividad, así como tolerar casos de doble plaza y omisiones laborales en la zona escolar.
“Se me exigieron cosas que son irregulares y, al negarme, fui advertida públicamente —frente a autoridades educativas, sindicales y del área jurídica— de que si no cedía, me sacarían de la escuela. Esa amenaza hoy se cumplió”, declaró.
La notificación de su separación se realizó el viernes pasado, luego de varios días de protestas y tensiones internas. La maestra afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, ella fue la única separada, lo que refuerza la presunción de un acto selectivo y de carácter personal.
Exclusión sindical y violación de derechos
García Reyes también denunció la violación de sus derechos sindicales, al señalar que, pese a estar adscrita y pagar puntualmente sus cuotas, fue excluida de reuniones sindicales oficiales y juntas de trabajo, algunas realizadas en la supervisión escolar.
Estas acciones, sostuvo, contravienen los estatutos de la Sección 30 del SNTE, así como la normatividad nacional del sindicato, y aseguró contar con pruebas documentales de dichas omisiones.
Autoridades reconocieron irregularidades
Uno de los señalamientos más graves es que, según la docente, la propia autoridad competente reconoció públicamente que lo que se le exigía estaba fuera de la legalidad, y aun así se procedió a su separación del cargo.
Recordó que los lineamientos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas establecen que los movimientos de personal deben apegarse a procedimientos formales y criterios de antigüedad, los cuales —afirmó— fueron ignorados.
Proceso legal en curso
La directora informó que ya inició un proceso legal y de defensa de derechos humanos, motivo por el cual se reservó algunos detalles del caso, aunque reiteró su disposición a aportar pruebas ante las instancias correspondientes.
“Si hay una investigación, que se aplique a todos los involucrados y no solo a una persona. No se puede usar la ley de forma selectiva para castigar a quien se niega a hacer lo incorrecto”, sostuvo.
La maestra advirtió que este caso sienta un precedente preocupante para el magisterio, al enviar el mensaje de que negarse a cometer irregularidades puede derivar en represalias laborales, por lo que llamó a las autoridades educativas a intervenir y garantizar el respeto al debido proceso.