Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorría Tamaulipas destacando avances en infraestructura, bienestar social y programas estratégicos de la Cuarta Transformación, la realidad de muchos ciudadanos puso un signo de interrogación sobre esos discursos: Gabriela Salazar Bujanos, madre de familia, se manifestó públicamente pidiendo justicia por la custodia de su hija.
El caso es indignante: pese a haber denunciado a su ex pareja por violencia intrafamiliar, Gabriela perdió la custodia de su hija de tres años en un procedimiento judicial marcado por presuntas irregularidades de la jueza Roxana Ibarra Canul, titular del Juzgado Cuarto de lo Familiar en Altamira. La menor sufrió directamente las consecuencias: vómitos, cambios de ánimo y trauma al presenciar la violencia ejercida durante el retiro forzoso.
Gabriela no solo pidió justicia, sostuvo una pancarta que se volvió símbolo de la indignación ciudadana: “Justicia para Gabriela y su hija”. Su manifestación pone en evidencia que la Cuarta Transformación y el discurso institucional solo son verdaderos si se traducen en justicia tangible. La omisión del Poder Judicial en casos de violencia intrafamiliar no solo afecta a la madre y la hija, sino que mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones que deberían protegerlas.
Desde el punto de vista político, la protesta también evidencia una desconexión entre los grandes anuncios y obras de gobierno —como trenes de pasajeros, puentes internacionales y aduanas estratégicas— y la justicia social cotidiana que exige la población. La Cuarta Transformación no puede permitirse la paradoja de ser potente en infraestructura y débil en protección de derechos básicos.
Tamaulipas necesita que los avances se acompañen de respeto a los derechos humanos, igualdad y protección de la infancia. La historia de Gabriela y su hija es un recordatorio claro: una transformación que no se refleja en justicia real para los más vulnerables no cumple con su propósito.
Hoy, la protesta de una madre ante la presidenta es también un llamado a las autoridades judiciales y políticas: las familias esperan hechos, no promesas, y la memoria social no perdona la impunidad.