Con la asistencia de 23 diputados de los 36 que integran la 66 Legislatura, el Congreso de Tamaulipas aprobó reformas a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado (IPSSET), bajo el argumento de evitar la quiebra del fondo de pensiones proyectada para 2031; sin embargo, la decisión legislativa se dio sin debate público y en medio de cuestionamientos sobre su impacto en los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras.
En una sesión extraordinaria que se extendió por menos de 30 minutos, la mayoría legislativa de Morena avaló el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley, estableciendo la homologación de la edad de jubilación a los 65 años, el aumento de las aportaciones de las personas trabajadoras al 10.5 por ciento sobre una base ampliada que ahora incluye prestaciones, así como el incremento gradual de las aportaciones patronales hasta un 27 por ciento, desde el 21.5 por ciento actual.
Aunque el dictamen fue presentado como una medida para garantizar la viabilidad financiera del sistema, la reforma traslada una parte sustancial del ajuste a las y los trabajadores en activo, al ampliar la base de cálculo de sus contribuciones y extender el tiempo de vida laboral, sin que se hayan hecho públicos estudios actuariales detallados ni escenarios alternativos que prioricen la progresividad de los derechos.
Durante la lectura del dictamen, la diputada Silvia Chávez Garay sostuvo que la iniciativa busca “asegurar el pago oportuno y continuo de las pensiones actuales y futuras sin afectar derechos adquiridos”. No obstante, organizaciones y especialistas en seguridad social han advertido que modificaciones de esta naturaleza pueden constituir restricciones a derechos humanos si no cumplen con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.
La propia legisladora reconoció que el derecho a la seguridad social es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga al Estado a proteger a las personas frente a contingencias como la vejez, la invalidez o el fallecimiento. Sin embargo, la reforma fue aprobada sin discusión en lo general ni en lo particular, con 22 votos a favor y solo uno en contra del diputado Gerardo Peña Flores del Partido Acción Nacional.
Si bien el dictamen señala que no se afectarán las pensiones en curso ni los derechos adquiridos de quienes ya son pensionistas, el impacto real recaerá en las generaciones futuras y en las personas trabajadoras en activo, quienes enfrentarán mayores aportaciones, más años de cotización y una redefinición de las condiciones bajo las cuales accederán a su jubilación.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones no puede desligarse del deber del Estado de garantizar condiciones de retiro dignas, ni resolverse exclusivamente mediante cargas adicionales a las personas trabajadoras, sin un debate amplio, transparente y con participación social.