Pese a contar con 40 inhibidores de señal y la supuesta desactivación de antenas cercanas, los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas vuelven a colocarse en el centro de la polémica por las acusaciones de extorsión telefónica presuntamente operadas desde su interior.
El subsecretario de Ejecución de Sanciones, Juan Antonio Sánchez Ruiz, sostuvo que desde su llegada al cargo en 2023 no se ha detectado un solo teléfono celular dentro de los penales, afirmación que contrasta con el reciente desmantelamiento de una presunta red delictiva vinculada al CEDES de Reynosa.
Según el funcionario, la intervención en dicho centro no respondió al aseguramiento de equipos de comunicación, sino únicamente a la cumplimentación de órdenes de aprehensión contra 13 personas privadas de la libertad, a petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
“No encontramos teléfonos ni líneas; solo dimos las facilidades para que la Fiscalía ejecutará las órdenes”, aseguró.
La explicación, sin embargo, abre más interrogantes de las que cierra. Si no había celulares, ¿cómo operaba una red de extorsión desde un penal? ¿Y por qué se difundió información sobre el aseguramiento de teléfonos y líneas sin que se presentaran pruebas públicas?
Sánchez Ruiz respondió que los señalamientos corresponderían a hechos ocurridos desde 2018, deslindando así a la actual administración penitenciaria, aunque sin precisar quién permitió, toleró o no detectó estas prácticas durante años.
El subsecretario también trasladó la responsabilidad informativa a la Fiscalía, al señalar que es esa instancia la que debe detallar los hallazgos, mientras reiteró que las revisiones semanales no han arrojado irregularidades.
Incluso, argumentó que algunas llamadas de extorsión podrían realizarse en las inmediaciones de los penales y ser detectadas por georradar como si provinieran del interior, explicación técnica que, lejos de disipar dudas, evidencia la fragilidad del sistema de control y verificación.
Así, entre inhibidores de señal, operativos sin decomisos y responsabilidades diluidas, el combate a la extorsión desde los CEDES sigue enfrentando un problema de fondo: la falta de claridad, transparencia y rendición de cuentas.