Por más que se intente cubrir con declaraciones “institucionales”, el hedor de la corrupción vuelve a filtrarse en la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET). La reciente investigación abierta por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) sobre el presunto tráfico de becas SET–SNTE no es un asunto menor: se trata de recursos públicos destinados a apoyar a estudiantes, desviados por manos que aún creen que el mérito se compra con favores sindicales o amistades políticas.
El titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, reconoce que la Fiscalía ya notificó formalmente a la dependencia y que su papel será de “sujeto obligado” para entregar información. Es decir, la Secretaría deberá rendir cuentas sobre cómo se asignaron esas becas, a quiénes beneficiaron y bajo qué criterios. Pero la pregunta que se impone es otra: ¿cómo se llegó a este punto sin que nadie dentro de la institución lo advirtiera?
Durante años, los programas de becas en Tamaulipas han sido utilizados como botín político, disfrazado de apoyo social. Las listas de beneficiarios han sido manipuladas desde oficinas y delegaciones donde el compadrazgo pesa más que la necesidad económica o el rendimiento académico. No sorprende que esta vez la denuncia haya llegado de forma anónima, como lo reconoció el propio secretario Valdez García. Es un reflejo del miedo y la desconfianza ciudadana hacia una burocracia que protege a sus propios operadores.
El intento por “reformular las reglas de operación” junto con el SNTE suena bien en el papel, pero resulta insuficiente si no se acompaña de una limpieza profunda de los comités y áreas administrativas que por años se beneficiaron del reparto discrecional de estos apoyos. Modificar topes o criterios técnicos no erradicará el problema si se mantiene el mismo círculo de funcionarios que antes se prestaban al tráfico de becas, becas que debieron ser para hijos de trabajadores o alumnos con méritos, no para los recomendados de siempre.
La corrupción en la educación es doblemente grave: roba dinero y destruye confianza. Y si la SET pretende recuperar credibilidad, debe abrir sus archivos, publicar cada lista de beneficiarios y transparentar los criterios de selección antes y después del proceso de 2025, como prometió su titular. De lo contrario, este caso se sumará al archivo muerto de las promesas de “esclarecimiento” que en Tamaulipas nunca terminan en sanción.
Mientras tanto, las familias que sí necesitan ese apoyo seguirán esperando, como siempre, detrás de un escritorio donde la justicia y la educación todavía dependen de un sello, una firma… o un padrino.