El cierre de año vuelve a exhibir la fragilidad financiera de los municipios tamaulipecos. Cuatro ayuntamientos —Matamoros, Díaz Ordaz, Ocampo y González— han tenido que recurrir a solicitar adelantos de participaciones federales, una figura legal que, aunque amparada por la Ley de Disciplina Financiera, revela más carencias estructurales que estrategias de planeación.
El diputado Isidro Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, explicó que se trata de líneas de financiamiento que deberán liquidarse antes de concluir las administraciones municipales. En otras palabras: una deuda disfrazada de adelanto, una solución inmediata que hipoteca los ingresos futuros de gobiernos locales sin resolver el problema de fondo.
La solicitud de recursos no sorprende. La mayoría de los municipios arrastra compromisos heredados, nóminas abultadas y una dependencia casi total de las transferencias federales. Pero lo preocupante es la normalización de este recurso de emergencia, que año con año se convierte en un ritual de supervivencia política antes que en un ejercicio de eficiencia administrativa.
Matamoros, Díaz Ordaz y Ocampo ya recibieron el aval del Congreso; González se suma con un proyecto hídrico que, aunque loable, deja entrever una paradoja: los municipios piden prestado para garantizar servicios básicos como el agua, en un estado donde el discurso del desarrollo y la modernización se escucha cada vez más fuerte, pero se sostiene en presupuestos cada vez más débiles.
En el fondo, el tema no es financiero, sino político. La dependencia de los ayuntamientos respecto al gobierno estatal y federal limita su autonomía y los vuelve rehenes de los tiempos del presupuesto. Los adelantos de participaciones no solo cubren faltantes de caja, también compran tiempo y estabilidad en la recta final de las administraciones.
El Congreso actúa en el marco de la ley, sí, pero el reto está en revisar por qué cada fin de año los municipios necesitan este salvavidas fiscal. Porque mientras el discurso habla de crecimiento y de obras, los números revelan que la gobernanza municipal sigue viviendo al día, entre adelantos, recortes y deudas que se heredan de trienio en trienio.
Y así, mientras se firman decretos y se aprueban créditos, el verdadero déficit —el de planeación, transparencia y responsabilidad administrativa— sigue pendiente en Tamaulipas.