El caso de Nilda Perales Ramos, adulta mayor localizada en condiciones de abandono en una carretera de Matamoros, ha puesto nuevamente en el centro del debate la vulnerabilidad estructural que enfrentan las personas de la tercera edad y la responsabilidad social y familiar de garantizarles una vida digna y segura.
Tras su localización, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se inició una carpeta de investigación por el presunto delito de abandono de persona, una conducta que vulnera de manera directa los derechos humanos de las personas adultas mayores, particularmente el derecho a la integridad, la seguridad y la salud.
El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que la mujer fue trasladada de inmediato al Hospital General de Matamoros, donde permanece estable, aunque en una condición de salud delicada que requiere atención constante. Durante algunos momentos de lucidez, se logró establecer su identidad y obtener datos preliminares sobre su origen y entorno familiar.
De acuerdo con la información oficial, la adulta mayor sería originaria de la región de Laredo, posiblemente de Laredo, Texas, y contaría con un círculo cercano en Nuevo Laredo, por lo que las autoridades han concentrado los esfuerzos en la localización de sus familiares, elemento clave para esclarecer las circunstancias del abandono y determinar responsabilidades legales.
Especialistas en derechos humanos señalan que el abandono de personas adultas mayores no solo constituye un delito, sino una forma de violencia y negligencia que suele permanecer invisibilizada. Se trata de una práctica que expone a las víctimas a riesgos graves para su vida y refleja fallas en los entornos familiares, comunitarios e institucionales.
El fiscal precisó que, por el momento, no se cuenta con una declaración directa de la víctima sobre quién la dejó en el lugar donde fue encontrada, debido a su estado de salud. Subrayó que la prioridad inmediata es su protección y recuperación, antes de avanzar en diligencias que permitan definir el contexto y la posible intencionalidad del abandono.
El caso también evidencia la necesidad de reforzar políticas públicas de prevención, atención y acompañamiento para personas adultas mayores, así como mecanismos eficaces de denuncia y seguimiento, especialmente en una entidad donde el envejecimiento poblacional avanza y las redes de cuidado resultan insuficientes.
Mientras la investigación continúa, el abandono de Nilda Perales Ramos se convierte en un recordatorio de que proteger a las personas mayores no es solo una obligación legal, sino un deber ético y social, que exige respuestas coordinadas del Estado, la familia y la comunidad.