Hace exactamente un año, el Congreso de Tamaulipas aprobó una reforma a la Ley de Tránsito con el objetivo de reducir los accidentes y delitos en los que se ven involucradas motocicletas.
El diputado local José Schekaiban Ongay, presidente de la Comision de zonas metropolitanas en el Congreso sostuvo entonces que el propósito central de la iniciativa era generar una nueva cultura en el uso y control de estos vehículos, ante el crecimiento desordenado de motocicletas circulando sin placas, sin documentación y, en muchos casos, sin el mínimo equipo de seguridad.
La pregunta obligada es inevitable: ¿funcionó el nuevo marco normativo?
Doce meses después de aprobada la reforma, los resultados parecen distantes de los objetivos planteados. La problemática del tránsito irregular de motocicletas continúa siendo visible en calles y avenidas de distintas ciudades del estado.
En su momento se implementaron operativos para detectar motocicletas sin placas, sin documentos o conducidas por personas sin equipo de protección, pero estas acciones duraron mucho menos que los discursos oficiales que las anunciaron.
Mientras tanto, los accidentes continúan. Muchos de ellos están asociados a la imprudencia de los conductores y a la omisión del uso de casco u otras medidas básicas de protección.
A esta situación se suma una variante especialmente delicada: la presencia de menores de edad como pasajeros en motocicletas. Cuando ocurre un percance, la responsabilidad no sólo recae en quienes conducen, sino también en quienes permiten que niños viajen en condiciones de alto riesgo.
La interrogante entonces es inevitable: si llegara a ocurrir una tragedia, quién cargaría con la responsabilidad?
¿Los padres o tutores que lo permitieron, o las autoridades de tránsito cuya obligación es prevenir riesgos y proteger a la población?
Las acciones para combatir el tránsito irregular de motocicletas no deberían limitarse a operativos temporales. La ley y el reglamento existen para aplicarse todos los días, no sólo durante campañas esporádicas.
Sin embargo, la percepción ciudadana es que la vigilancia se relaja con rapidez, mientras las motocicletas continúan circulando sin control en muchas vialidades.
Porque al final del día, cada omisión en la aplicación del reglamento tiene un costo potencial: la vida humana. Y en este caso, todo indica que ese valor se está tasando demasiado bajo.